El 24 de septiembre de 2024, el Consejo de Ministros del Gobierno español tomó la decisión de aprobar una modificación en los límites de gasto y el número de anualidades.

Esta decisión tiene como objetivo facilitar a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) la capacidad de convocar y otorgar ayudas a los proyectos que se enmarcan dentro de los Planes Estatales de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.

La AEI es la entidad responsable de gestionar las convocatorias para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, promoviendo así el desarrollo de proyectos que aporten valor en el ámbito de la ciencia y la tecnología en España.

Este cambio en la regulación deroga aspectos del artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, la cual establece los principios del régimen jurídico del sector público.

Esto es crucial para que la AEI pueda asumir compromisos de gasto futuros, es decir, realizar previsiones de gasto a partir del año 2025 y más allá.

En concreto, el Gobierno ha aprobado la distribución de recursos significativos para varias líneas de investigación.

En los próximos años, se prevé una asignación de hasta 3 millones de euros -aproximadamente 3,6 millones de dólares- para las Plataformas Tecnológicas 2024 y una inversión de 15 millones de euros -alrededor de 18 millones de dólares- para pruebas de concepto en el mismo año.

Entre otras medidas también se espera destinar un gran monto a contratos de personal técnico de I+D+i, que alcanzarán un total de 3,4 millones de euros en 2026.

El programa 'Juan de la Cierva', diseñado para apoyar la carrera de investigadores jóvenes, también se verá beneficiado con un presupuesto que aumentará hasta los 40 millones de euros en los próximos años.

Las líneas de acción incluyen proyectos de colaboración público-privada, que recibirán 40 millones de euros en 2024 y 30 millones en 2025.

Es importante señalar que este tipo de medidas no solo impactan en el ámbito académico y de investigación, sino que también tienen implicaciones significativas en el desarrollo económico del país.

Durante años, España ha buscado reforzar su posición como un referente en investigación e innovación dentro de la Comunidad Europea.

Existen antecedentes donde las inversiones en investigación han llevado a un mayor crecimiento económico, por lo cual esta modificación presupuestaria parece un paso estratégico.

El total de las necesidades presupuestarias para los siguientes años suma 221 millones de euros para 2025 y 300,8 millones de euros para 2026, lo cual muestra un compromiso significativo por parte del Gobierno para fortalecer el ecosistema de investigación en España.

Esta decisiva inversión, que se llevará a cabo a través de diversas convocatorias, se espera que potencie el talento investigador y el avance científico, consolidando así la relevancia de España en el ámbito de la investigación mundial.