El Consejo de Ministros otorga más de 14 millones de euros a la MUGEJU para financiar la asistencia sanitaria durante 2025 y 2026.

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la autorización de un suplemento de crédito por un total de 14.243.986,44 euros (aproximadamente 14,24 millones de euros) destinado a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para cubrir los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre.

Esta resolución se ha tomado en la reunión del Consejo del 11 de febrero de 2025, donde se discutió la importancia de asegurar el acceso a la asistencia sanitaria del colectivo protegido durante los años 2025 y 2026.

Este contrato fue adjudicado el 27 de diciembre de 2024, con el fin de garantizar que los beneficiarios de la MUGEJU puedan acceder a los servicios de salud necesarios en el territorio nacional.

Sin embargo, los plazos requeridos para formalizar los contratos han impedido que los conciertos con las entidades proveedoras pudieran suscribirse antes del 31 de diciembre de 2024.

Esta fecha marcaba el final del periodo de vigencia del concierto previo, lo que ha llevado a la necesidad de reajustar los plazos y la distribución financiera inicialmente prevista.

Ante esta situación, la MUGEJU ha considerado imprescindibles los recursos adicionales para hacer frente a las necesidades presupuestarias que se presentarán en el ejercicio 2025.

El suplemento de crédito se financiará a partir de una parte del remanente de tesorería que no se utilizó en el presupuesto previo del organismo, permitiendo así una redistribución eficaz de los fondos públicos.

La MUGEJU, fundada en 2004, tiene la misión de ofrecer servicios de protección social a los miembros del poder judicial y sus familias. A lo largo de los años, la entidad ha ido adaptando sus servicios para responder a las necesidades cambiantes de sus beneficiarios. Durante la última década, la demanda de asistencia sanitaria ha aumentado notoriamente, haciendo necesario un monitoreo constante de los recursos disponibles y la proyección de presupuestos adecuados para los años siguientes.

En este contexto, la aprobación de este suplemento de crédito refleja el compromiso del Gobierno por garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para todos los miembros de la judicatura.

La política sanitaria está en constante evolución y cuanta con el apoyo de organismos que facilitan este tipo de acuerdos, que son esenciales para la sostenibilidad del sistema.

Con la aprobación de este crédito adicional, el Gobierno no solo busca cumplir con las obligaciones contractuales pendientes, sino que también reafirma su responsabilidad en la protección social de todos aquellos que, por su labor en el ámbito judicial, requieren de un respaldo robusto en materia de salud.

Esta acción se enmarca dentro de una visión más amplia de garantizar un Estado del Bienestar que abarque todas las áreas necesarias para una vida digna.