El 11 de noviembre de 2024, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha tomado una decisión crucial al autorizar la implementación del Fondo de Contingencia, destinando un total de 118,6 millones de euros para brindar apoyo a quienes sufrieron daños personales y materiales debido a los estragos causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Esta tormenta, que azotó el país el pasado 29 de octubre, afectó en particular a la provincia de Valencia y otras comunidades autónomas.

Este uso del Fondo de Contingencia está orientado a financiar adaptaciones presupuestarias que tienen como objetivo atender las pérdidas en hogares, enseres y en los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que se vieron perjudicados por las inclemencias del tiempo.

También se prevé que estas ayudas incluyan prestaciones para personas físicas y jurídicas afectadas, así como el apoyo a las corporaciones locales que deben hacer frente a los gastos derivados de esta situación de emergencia.

La medida refleja la rapidez y la urgencia con la que el Gobierno busca reaccionar ante las crisis y desastres naturales, siguiendo lo establecido en el Real Decreto-Ley 6/2024, publicado el 5 de noviembre.

Este decreto introduce medidas necesarias para responder de manera efectiva a los daños ocasionados por el fenómeno DANA en el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Históricamente, las DANA han mostrado ser fenómenos meteorológicos que causan importantes estragos en las regiones que afectan, generando daños tanto materiales como personales.

Según datos recientes, las consecuencias de esta tormenta han sido particularmente severas en Valencia, lo que ha llevado a una intensa movilización del Gobierno para gestionar y mitigar el impacto de esta crisis.

La activación del Fondo de Contingencia no solo es un mecanismo financiero, sino también un acto que subraya la responsabilidad del Gobierno para auxiliar a los ciudadanos en situaciones difíciles, reafirmando su compromiso con la protección de la población.

Con esta medida, el Ejecutivo también tiene la intención de establecer un marco claro para las modificaciones de crédito, asegurando que los recursos necesarios estén disponible y sean utilizados de manera eficaz para las tareas de recuperación.

Así, el Gobierno también busca sentar un precedente de acción rápida y decidida ante eventos climáticos adversos, promoviendo la resiliencia comunitaria y la recuperación económica a través del apoyo directo a los afectados.

La financiación de estas ayudas es un paso significativo que puede aliviar en gran medida la situación de emergencia por la que atraviesan muchas familias y negocios, además de ayudar a restablecer la normalidad en las regiones más impactadas.