El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de modificaciones en los límites de gasto que permitirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo la tercera adenda del convenio firmado con la Comunidad Autónoma de Canarias, específicamente en el ámbito de las carreteras.

Esta decisión se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley General Presupuestaria, que busca regular los compromisos de gasto a realizar en años futuros.

Este convenio original fue firmado el 22 de diciembre de 2018, con una inversión total proyectada de 1.200 millones de euros (aproximadamente 1.150 millones de euros al tipo de cambio actual) destinada a la ejecución de obras y a la financiación de expropiaciones en el archipiélago canario.

Desde su firma, ha habido dos adendas previas; la primera, el 18 de diciembre de 2019, y la segunda, el 29 de diciembre de 2022, ambas ajustaron las anualidades en función del ritmo real de las obras.

Las nuevas modificaciones se originan tras la reunión de la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del Convenio, que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2024. Durante este encuentro, se discutieron temas cruciales como la redistribución de los remanentes resultantes de inversiones no ejecutadas en el año 2023, así como el reajuste de las previsiones de inversión para los años 2024 y 2025, que se extenderán hasta 2026 y 2027.

Entre las modificaciones más relevantes, se contempla una disminución en la financiación a aportar por el Ministerio de Transportes durante la vigencia del Convenio.

Esto se traduce en una reducción del importe total de 24.733.230 euros.

Además, el Anexo I, que establece las acciones financiadas a través de este acuerdo, también se verá modificado.

Las obligaciones financieras que el Ministerio de Transportes se propone adquirir para el convenio entre 2025 y 2027 sobrepasan los límites originalmente autorizados, lo que implica una atención especial por parte de la administración en cuanto a la ejecución y control del gasto.

Para el año 2025, el compromiso máximo por adquirir se sitúa en 204.809.300 euros, siguiendo con 342.011.314 euros para el 2026 y 342.011.314 euros para el 2027. Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca no solo optimizar la utilización de recursos en el desarrollo de infraestructuras en Canarias, sino también asegurar un crecimiento sostenido en el ámbito de las obras públicas en la región.

A medida que las obras avanzan, estas modificadas anualidades son un reflejo de las adaptaciones necesarias para abordar las fluctuaciones en el ritmo de ejecución y asegurarse de que las inversiones sean efectivas y responsables.

Históricamente, Canarias ha enfrentado desafíos significativos en la infraestructura de transporte, lo que hace que este tipo de iniciativas sean fundamentales para su desarrollo económico y social.

La mejora de las carreteras no solo beneficia a los habitantes de la isla, sino que también es crucial para el turismo, la economía local y la conectividad entre las islas.