La Agencia Tributaria y la Policía Nacional detienen a 30 personas en una operación que revela un fraude de más de 17 millones de euros en España relacionado con vehículos de lujo procedentes de Alemania.

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El 27 de diciembre de 2024, una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Europea, acabó con un complejo entramado de fraude en la compraventa de vehículos de lujo procedentes de Alemania.

Se llevaron a cabo un total de 15 registros en diferentes puntos de España y dos en Alemania, resultando en la detención de 30 personas vinculadas a este caso.

El fraude total vinculado al impago del IVA en España se estima por encima de los 17 millones de euros.

Las acciones se desarrollaron en 13 provincias españolas, incluyendo grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como en localidades más pequeñas.

En Alemania, fue detenido el líder de la organización, quien se había escudado tras una identidad falsa para evitar la acción judicial.

Este individuo no solo había a sido objeto de múltiples reclamaciones judiciales por diversas causas, incluyendo tráfico de drogas y fraude fiscal, sino que también contaba con 18 requisitorias en su contra.

Los registros en el territorio nacional incluyeron tanto domicilios de los principales cabecillas de la trama como empresas dedicadas a la compraventa de vehículos de alta gama.

Durante estas intervenciones, las autoridades confiscaron un total de 307.860 euros en efectivo, además de joyas y vehículos de lujo.

También se procedió al bloqueo de varias propiedades valoradas en más de 11 millones de euros, adquiridas presumiblemente con fondos obtenidos de manera ilícita.


El funcionamiento interno de esta red criminal era sumamente astuto.

Operaban usando el conocido esquema de 'missing trader', en donde una serie de empresas incumplían sus obligaciones de pago del IVA al Estado español, permitiendo la venta de vehículos por debajo de su precio de mercado.

Esto dio lugar a un significativo daño económico para la administración pública.

Para llevar a cabo sus actividades, los líderes de la organización contaban con una sofisticada estructura empresarial, en la que utilizaban personas en situaciones vulnerables a las que ofrecían alojamiento a cambio de que figuraran como socios o administradores de sus empresas.

Esta estrategia les permitía navegar con facilidad a través del entramado legal, haciendo más complicado el rastreo de sus actividades ilegales.

La operación ha puesto de manifiesto la creciente preocupación de las autoridades fiscales ante este tipo de fraudes que no solo afectan a la economía, sino que también incrementan la percepción de impunidad en el uso delictivo de los negocios.

Este tipo de fraude, además, resalta la relevancia de contar con mecanismos efectivos para identificar y desarticular redes criminales organizadas que operan de forma transnacional.

La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales seguirá siendo una de las prioridades del Gobierno español y de las entidades europeas, que buscan implementar medidas más estrictas para prevenir y sancionar este tipo de actividades delictivas.