El 16 de octubre de 2024, la Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil, anunció la desarticulación de una organización criminal bien organizada que estaba involucrada en un fraude tributario que ascendía a 133 millones de euros, aproximadamente 142 millones de dólares estadounidenses, durante los años fiscales de 2020 y 2021. Esta operación se enmarca en un esfuerzo sostenido para combatir la evasión fiscal en un sector considerado estratégico, como es el comercio de hidrocarburos.

Los investigadores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, junto con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevaron a cabo una serie de intervenciones que resultaron en la detención de seis sospechosos, incluidos dos en Sevilla y cuatro en Madrid.

Además, se realizaron registros en varias sedes empresariales en la capital española, donde se presume que se operaban las actividades ilícitas.

La organización había creado un sofisticado entramado empresarial que permitía encubrir sus actividades fraudulentas.

Utilizaban empresas pantalla que, de manera artificial, eran responsables de la declaración y liquidación de impuestos derivados de sus operaciones en el sector de hidrocarburos.

De este modo, lograban evadir el pago del IVA, transfiriendo posteriormente los beneficios obtenidos a cuentas bancarias en terceros países, lo que dificultaba aún más la detección de sus acciones delictivas.

Desarticulan esquema de fraude a la Seguridad Social por más de 5 millones de Euros en León y Lugo

Un operativo de la Policía Nacional en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social expone un esquema de estafa de más de cinco millones de euros en León y Lugo. 14 personas han sido arrestadas en la operación bajo sospecha de fraude a la Seguridad Social y obstrucción a la justicia.

La magnitud del fraude pone de relieve un problema persistente dentro de la economía española, que se ha visto amenazada por prácticas de evasión fiscal en el sector de los hidrocarburos.

Este tipo de crímenes no solo perjudican a las arcas del Estado, sino que también afectan a la competitividad de empresas que operan de manera legal dentro de este mercado.

En su historial, España ha enfrentado diversos escándalos relacionados con el fraude fiscal, que han implicado a sectores claves y han fomentado un ambiente de desconfianza en el entorno empresarial.

En el año 2017, por ejemplo, se descubrió otro escándalo de evasión fiscal relacionado con el mismo sector, revelando una vez más la complejidad del problema.

La lucha contra la evasión fiscal se ha intensificado en los últimos años, y las próximas semanas o meses podrían traer más operaciones similares, dado que la Hacienda Pública y las fuerzas de seguridad han establecido una hoja de ruta para identificar y desmantelar otras organizaciones dedicadas a prácticas delictivas.

Las autoridades han recordado la importancia de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales, ya que el incumplimiento no solo conlleva sanciones administrativas sino que también atenta contra el bienestar social y económico del país.

Esta operación ha sido un claro ejemplo de la voluntad del Estado por luchar contra el fraude y garantizar la equidad tributaria en todos los sectores.