El Gobierno de España ha tomado una importante decisión en su última reunión del Consejo de Ministros, celebrada el 10 de septiembre de 2024, al aprobar un plan que establece los Objetivos de Estabilidad para el periodo 2025-2027. Este nuevo acuerdo busca cumplir con los compromisos colectivos de estabilidad presupuestaria, al tiempo que otorga mayor margen fiscal a las comunidades autónomas (CCAA) y a las entidades locales.

Según lo estipulado, las comunidades autónomas gozarán de un aumento de dos décimas en sus objetivos de déficit para los años 2025 y 2026. Esto representa una oportunidad significativa en términos financieros, con un margen adicional superior a los 3.000 millones de euros cada año.

Asimismo, las entidades locales también se beneficiarán, recibiendo una décima más de margen en 2025 y dos en 2026, lo que se traduce en 1.600 millones de euros en el primer año y cerca de 3.350 millones en el segundo.

Esta decisión responde a un compromiso del Gobierno de facilitar recursos a las CCAA y ayuntamientos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo que este enfoque permite que tanto comunidades como entidades locales puedan ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, especialmente en áreas clave como sanidad, educación y asistencia social.

En términos generales, el déficit total de las Administraciones Públicas se fijará en el 2,5% del PIB para 2025, con una disminución progresiva al 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. La mayor parte de la reducción del déficit será responsabilidad de la Administración Central, que verá su propio objetivo de déficit ajustado a un 2,2% en 2025, reduciéndose aún más a un 1,8% en 2026 y al 1,5% en 2027.

El diseño de esta senda implica un enfoque inclusivo que busca evitar recortes en los servicios públicos, a la vez que se respetan los principios de estabilidad presupuestaria.

Por primera vez, se establece un déficit objetivo para la Seguridad Social del 0,2% para los tres próximos años, algo que contrasta con el objetivo previo de equilibrio presupuestario.

El Gobierno se compromete a garantizar que la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado no solo cumpla con las normativas europeas, sino que también incremente las partidas destinadas a servicios públicos.

Así, el techo de gasto no financiero nacional se incrementará a 195.353 millones de euros, reflejando un crecimiento del 3,2% respecto al año anterior.

En conclusión, con este nuevo acuerdo el Gobierno busca equilibrar la necesidad de estabilidad presupuestaria, marcada por el descenso del déficit público desde el 10,1% del PIB en 2020 al 3,6% en 2023, a la vez que garantiza que las comunidades autónomas y los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes para atender las necesidades sociales de la población.

Se trata de un plan audaz que combina la responsabilidad fiscal con las demandas sociales actuales.