El Gobierno español, a través del Consejo de Ministros, ha autorizado a las comunidades autónomas de Cataluña y Castilla y León a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo.

Esta medida se enmarca dentro de lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En el caso de Cataluña, se ha autorizado la formalización de operaciones de deuda por un máximo de 100 millones de euros.

Esta cantidad se destinará a cubrir la cofinanciación de inversiones en equipamientos educativos públicos en la región.

Por su parte, Castilla y León ha recibido permiso para endeudarse por un importe máximo de 202,5 millones de euros, destinados a financiar la desviación del objetivo de déficit del año 2023.

Ambas comunidades autónomas podrán llevar a cabo estas operaciones hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta autorización supone un paso importante para ambas regiones en su planificación financiera a medio plazo.

Es relevante señalar que la deuda pública de las comunidades autónomas en España ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su sostenibilidad a largo plazo y su impacto en la estabilidad presupuestaria del país.