Un fallo histórico de la Corte Suprema de EE.UU. simplifica el camino para que los trabajadores considerados parte de la mayoría, como los blancos y hombres, puedan reclamar discriminación en el trabajo, lo que podría desencadenar un aumento en las denuncias de discriminación inversa.
En una decisión que marca un cambio significativo en la interpretación de las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, la Corte Suprema ha establecido que los empleados considerados parte de los grupos mayoritarios, como los blancos y los hombres, tienen un camino más accesible para presentar reclamaciones por discriminación en el ámbito laboral.
Esta resolución, que fue unánime, favorece a una mujer de Ohio, Marlean Ames, quien alegó que perdió dos empleos frente a candidatos homosexuales menos calificados simplemente por ser heterosexual.
Históricamente, las leyes federales contra la discriminación laboral, como el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, no diferenciaban entre los grupos mayoritarios y minoritarios en cuanto a la protección contra prácticas discriminatorias.
Sin embargo, en las últimas décadas, algunos tribunales y empleadores aplicaban estándares más estrictos para quienes pertenecían a los grupos considerados privilegiados, dificultando que estos empleados puedan demostrar que fueron víctimas de discriminación.
La reciente sentencia, escrita por la jueza Ketanji Brown Jackson, elimina esas barreras adicionales, estableciendo que no se requiere una prueba adicional para acusar discriminación basada en la orientación sexual o en el hecho de pertenecer a un grupo mayoritario.
De esta forma, se igualan los derechos de todos los empleados a presentar reclamaciones por discriminación, independientemente de su pertenencia a grupos tradicionalmente considerados privilegiados.
Expertos legales consideran que esta decisión podría generar un incremento en las denuncias de discriminación inversa. William Jacobson, profesor de derecho en la Universidad de Cornell y fundador del Proyecto de Protección Igualitaria, afirmó que "la sentencia deja claro que discriminación contra empleados de grupos mayoritarios, como los blancos o los heterosexuales, es igual de ilegal que contra otros grupos." Esto implica que las empresas deberán revisar y ajustar sus políticas internas para garantizar que todos los empleados puedan denunciar prácticas discriminatorias sin temor a represalias.
Por otro lado, la decisión llega en un momento en que los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) están siendo atacados desde diferentes frentes políticos, especialmente durante la administración del expresidente Donald Trump, quien promovió un enfoque que buscaba limitar estas iniciativas por considerarlas divisorias o discriminatorias contra los empleados blancos.
Luchador de derechos civiles y líder comunitario con legado que inspira a generaciones
Conoce la historia de Van Robinson, un activista y servidor público que dejó una huella imborrable en Syracuse y más allá, y cómo su legado continúa motivando a nuevas generaciones en la lucha por los derechos civiles.Desde la perspectiva empresarial, expertos como Johnny C. Taylor Jr., CEO de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, señalaron que las compañías deberán adoptar una postura más uniforme ante reclamaciones de discriminación, sin dar preferencia a ciertos grupos.
Esto puede traducirse en una mayor carga administrativa y en la necesidad de revisar los procedimientos internos para evitar reclamaciones legales.
La reacción de organizaciones de derechos civiles, como la NAACP, ha sido de cautela. La organización expresó que la decisión no altera los estándares legales existentes para proteger a todos los grupos vulnerables y que no se debe entender que los grupos mayoritarios tengan ventajas especiales en los tribunales.
A nivel histórico, esta resolución se suma a una serie de cambios en la jurisprudencia estadounidense que buscan equilibrar las protecciones legales para todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición social.
Sin embargo, también refleja las tensiones existentes en el país respecto a cómo se interpretan las leyes de igualdad y justicia en un contexto de crecientes debates sobre la diversidad y los derechos de las minorías.
En conclusión, la reciente decisión de la Corte Suprema representa un paso importante hacia la igualdad formal en la protección contra la discriminación en el trabajo, pero también abre la puerta a una posible ola de nuevas reclamaciones que desafían las nociones tradicionales de privilegio y discriminación.
La forma en que las empresas y las instituciones judiciales gestionarán estas demandas será clave para entender el impacto real de esta sentencia en el panorama laboral estadounidense y, por extensión, en otros países con sistemas legales similares.
