El 9 de noviembre de 2024, el Consejo de Ministros de España ha hecho público un nuevo paquete de medidas económico-fiscales para ayudar a las personas y empresas que han sufrido las consecuencias de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), un fenómeno meteorológico que ha causado graves daños en varias localidades, especialmente en la provincia de Valencia, pero que también ha afectado a otros puntos del país.

Este conjunto de ayudas está destinado a ofrecer apoyo directo a aquellos ciudadanos, autónomos y empresas que se han visto perjudicados por estos eventos naturales.

Se estima que el impacto total de estas medidas alcanza los 1.438 millones de euros, y se suman a iniciativas anteriores que han visto la luz como respuesta a esta catástrofe, las cuales tienen un total de 10.600 millones de euros en efectos presupuestarios.

Las empresas que han sufrido daños recibirán ayudas que varían entre 10.000 y 150.000 euros, dependiendo de su volumen de operaciones.

Para aquellas pymes que facturan menos de un millón de euros, la ayuda será de 10.000 euros, mientras que las empresas con ingresos de hasta entre 1 y 2 millones recibirán 20.000 euros.

De manera progresiva, las empresas que facturan hasta 10 millones pueden optar a 80.000 euros, y las que superen esta cifra tendrán la posibilidad de recibir hasta 150.000 euros.

Así, se prevé que más de 30,000 empresas se beneficien de estas ayudas.

Por su parte, los autónomos verán también un alivio económico, ya que recibirán un pago de 5.000 euros, que beneficiará a más de 65.000 trabajadores por cuenta propia en las áreas golpeadas.

Las ayudas otorgadas no estarán sujetas a tributación en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) ni en el Impuesto sobre Sociedades, lo que representa un alivio adicional para los beneficiarios.

Además de estas ayudas directas, las medidas incluyen la suspensión del segundo pago del IRPF que los contribuyentes afectados debían realizar el 5 de noviembre, aplazándolo por un período de tres meses.

También se establecen exenciones de impuestos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y el Impuesto de Actividades Económicas, así como reducciones en la tributación para actividades agrarias.

Esta reducción es especialmente importante para ayudar al sector agrícola, que ha registrado pérdidas significativas.

El Gobierno también ha decidido flexibilizar los plazos fiscales para aquellos contribuyentes que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Se amplían hasta el 30 de enero de 2025 los plazos de declaración y pago de impuestos que vencen en noviembre y diciembre.

En el ámbito local, se ha propuesto que el Fondo de Financiación de Entidades Locales asigne recursos a los municipios afectados para ayudar a cubrir gastos derivados de actuaciones necesarias para mitigar los daños.

Asimismo, el Ejecutivo español ha iniciado los trámites para acceder al Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) con el fin de complementar los esfuerzos nacionales y abordar los efectos de la DANA de manera efectiva.

Este fondo ha permitido a España recibir más de 157 millones de euros a lo largo de los años por situaciones catastróficas, dando apoyo financiero a las regiones más golpeadas.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar que las poblaciones afectadas puedan superar la crisis generada por la DANA y contribuir a la recuperación de su actividad económica, social y comunitaria mientras se trabaja en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.