El pasado 9 de abril de 2024, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el cual se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, permitiendo a diversos organismos públicos la tramitación de un convenio destinado a la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.

A través de este nuevo convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección del Instituto Social de la Marina serán los organismos involucrados en la lucha contra el fraude en dicho ámbito.

Esta colaboración entre diversos organismos públicos ha demostrado ser efectiva en la investigación, seguimiento, desarticulación y enjuiciamiento de entramados fraudulentos en todo el territorio nacional, así como en la persecución de delitos e infracciones contra los intereses económicos de las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

La firma de un nuevo convenio se hace necesaria para continuar las investigaciones en curso que realizaban los policías de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, además de reforzar la colaboración e intensificar la coordinación entre las partes con el fin de prevenir y combatir el fraude a la Seguridad Social, así como la persecución de delitos e infracciones que afectan a los intereses económicos de las entidades mencionadas.

Las previsiones de gasto del convenio son las siguientes en Euros: 2024 - 40.000€, 2025 - 500.000€, 2026 - 500.000€, 2027 - 500.000€, 2028 - 460.000€. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, se abonará un 8% del presupuesto de cada año como anticipo en el primer mes de vigencia del convenio y en meses posteriores se liquidará hasta 500.000€ como máximo, en función del cumplimiento de ciertas acciones fijadas en el Plan de Objetivos y Actuaciones.

Esta colaboración busca un efectivo enjuiciamiento de los responsables del fraude en defensa de los intereses del Sistema de la Seguridad Social, tanto en los ingresos como en el control del gasto en prestaciones, buscando depurar las responsabilidades penales y civiles correspondientes.