El Gobierno ha autorizado a las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y La Rioja a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo, con el objetivo de cubrir necesidades transitorias de tesorería. Estas autorizaciones se enmarcan en cumplimiento de la normativa vigente.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la autorización a varias comunidades autónomas para formalizar operaciones de deuda tanto a corto como a largo plazo.
Cataluña, Baleares y La Rioja serán las beneficiarias de esta autorización.
Esta medida se implementa en conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Disposición Adicional Septuagésima Quinta de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En el caso de Cataluña, se ha autorizado la formalización de un préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe máximo de 430 millones de euros.
Este préstamo, que se desembolsará en dos tramos durante los años 2023 y 2024, contará con un desembolso de 150 millones de euros el próximo año.
Por su parte, Baleares ha recibido autorización para realizar operaciones de deuda a corto plazo.
La Agencia Tributaria de las Illes Balears, entidad vinculada al Sector Administraciones Públicas balear, podrá formalizar operaciones de endeudamiento por un monto máximo de 50 millones de euros.
Estas operaciones están destinadas a cubrir necesidades temporales de tesorería en 2023 derivadas de anticipos de fondos a las entidades locales que han delegado en la Comunidad Autónoma la gestión recaudatoria de sus ingresos.
Finalmente, La Rioja ha obtenido autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1,53 millones de euros.
Estos fondos se destinarán a cubrir necesidades temporales de tesorería de la sociedad pública La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de la Rioja SAU.
Es importante mencionar que estas autorizaciones solo tienen validez hasta el 31 de diciembre de 2023, y se enmarcan en el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar la estabilidad financiera de las comunidades autónomas.