Bank of America llega a un acuerdo de 2,25 millones de dólares para resolver una demanda que acusa cobros duplicados por consultas de saldo en cajeros de 7-Eleven. El fallo evita un juicio prolongado y establece criterios para quienes podrían obtener un pago.
En Estados Unidos, Bank of America ha llegado a un acuerdo para cerrar una demanda que llevaba años rondando y que, según los demandantes, dejó a muchos clientes con cargos innecesarios por usar cajeros que no pertenecen a BoA.
En concreto, la entidad acordó una liquidación de 2,25 millones de dólares para poner fin a un pleito colectivo que, según la queja, cobraba de forma indebida más de una tarifa por la misma consulta de saldo cuando se utilizaba un cajero administrado por otra empresa dentro de una tienda 7-Eleven.
Todo ello generó dudas sobre si la banca estaba cobrando más de lo debido a clientes que solo querían ver cuánto dinero tenían disponible. BoA, por su parte, ha negado haber cometido una práctica ilegal, pero ha aceptado la liquidación para evitar un juicio que podría haber arrastrado costes y distracciones para ambas partes.
El periodo cubierto por la reclamación va desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 16 de noviembre de 2021. Los cajeros implicados pertenecían a FCTI, Inc. y estaban situados dentro de tiendas 7-Eleven. La reclamación sostenía que, en esas visitas, se cobraba más de una tarifa por una consulta de saldo fuera de la red bancaria de BoA, lo que elevaba el importe pagado por el usuario en una sola operación.
La liquidación se presentó como una forma de evitar los costes y la incertidumbre de un juicio, y establece que los fondos serán repartidos entre los clientes elegibles de forma proporcional y equitativa.
No se conoce cuántos clientes recibirán dinero, ya que la sentencia indica que el fondo de 2,25 millones debe repartir entre una cantidad de personas suficientemente amplia como para que sea difícil precisar un número exacto antes de la distribución final.
¿Quiénes pueden ser elegibles? En términos prácticos, se trata de personas en Estados Unidos que tenían cuentas corrientes con Bank of America y a quienes se les cobró más de una tarifa de consulta de saldo fuera de la red durante la misma visita a un cajero de FCTI ubicado dentro de una tienda 7-Eleven, entre las fechas mencionadas, y que no hubieran recibido pagos de un acuerdo anterior en Weiss vs.
FCTI, resuelto en 2024.
Para las personas que ya tenían notificaciones sobre la demanda, el procedimiento es claro: no hace falta presentar una reclamación si ya se les había informado, ya que el pago se recibirá automáticamente.
Quienes fueron titulares de cuentas en BoA en el pasado y deseen participar activamente o buscar información detallada deberán consultar el sitio web del acuerdo o llamar al número indicado para confirmar su elegibilidad.
El plazo para presentar reclamaciones de antiguos titulares está fijado para el 29 de julio, mientras que la posibilidad de excluirse del acuerdo o de oponerse a la aprobación del tribunal debe hacerse antes del 7 de julio.
La audiencia final para la aprobación del acuerdo está programada para el 21 de agosto de 2026.
En lo práctico, este tipo de acuerdos suele verse como una salida razonable cuando hay un riesgo real de juicio largo y costoso, que podría dejar a los clientes sin una solución rápida y a la propia entidad financiera con incertidumbres jurídicas y reputacionales.
Aunque BoA mantiene su versión de que no ha cometido irregularidades, la liquidación abre la puerta a una distribución de fondos rápida para quienes se vean afectados.
Desde un punto de vista de #consumo y economía doméstica
Desde un punto de vista de consumo y economía doméstica, el caso subraya algo que muchos lectores ya habrán observado: las comisiones y cargos de los bancos, así como las condiciones de uso de cajeros de terceros, pueden terminar afectando el presupuesto familiar.
Si tienes cuentas en #bancos o utilizas cajeros fuera de tu red, conviene revisar con frecuencia los resúmenes mensuales y estar atento a posibles cargos duplicados o no justificados, ya que, en determinadas circunstancias, estas disputas pueden terminar en acuerdos como el actual, que buscan compensar a quienes se hayan visto perjudicados.
En última instancia, la resolución ofrece una respuesta para una parte de los clientes y refuerza la idea de que las entidades financieras deben rendir cuentas cuando se detectan cobros que no están justificados por servicios efectivamente prestados.