Supuestamente, en los próximos años, millones de estadounidenses podrían perder el acceso completo a la ayuda alimentaria federal, debido a nuevas regulaciones que exigen que los estados compartan los costos del programa SNAP. Esta medida, que entraría en vigor en 2028, genera preocupación entre expertos y beneficiarios, quienes advierten sobre las posibles consecuencias sociales y económicas.
Sin embargo, supuestamente en un futuro cercano, en 2028 aproximadamente, este programa podría experimentar cambios drásticos que afectarán a millones de beneficiarios en diversos estados del país.
La nueva legislación, que aún está en discusión, establece que los estados deberán compartir una parte significativa del costo del programa, en función de su tasa de errores en la determinación de la elegibilidad y el monto de los beneficios.
Hasta ahora, el gobierno federal financiaba la totalidad del programa, pero a partir del próximo año fiscal, los estados con tasas de errores elevadas deberán pagar una proporción que puede llegar hasta el 15% del costo total.
Supuestamente, los datos históricos muestran que casi todos los estados tienen tasas de error que superan el 6%, siendo algunos como Dakota del Sur y Vermont los únicos con tasas inferiores a ese porcentaje.
Esto significa que la mayoría de los estados podrían verse obligados a pagar millones de euros al cambio actual, que equivaldría a cientos de millones de euros en total, una suma que muchos no podrían afrontar.
La medida busca, en teoría, mejorar la precisión en la entrega de beneficios y reducir el fraude, pero expertos y defensores de las políticas sociales advierten que podría tener efectos adversos en la población más vulnerable.
Lauren Bauer, investigadora del Instituto Brookings, aseguró que si los estados no pueden pagar sus cuotas, probablemente recorten la cantidad de beneficiarios o incluso suspendan el programa en algunos lugares.
Supuestamente, algunos estados están considerando alternativas para evitar estas medidas, como aumentar los impuestos o reducir otros gastos sociales, pero estas opciones podrían ser insuficientes o poco efectivas.
La participación de los estados en los costos administrativos del #SNAP pasará del 50% al 75%
Además, la carga administrativa también aumentará, ya que en 2026, la participación de los estados en los costos administrativos del SNAP pasará del 50% al 75%, lo que sumará más presión sobre los presupuestos estatales.
La preocupación se intensifica ante el hecho de que, en años recientes, la tasa de errores en la gestión del SNAP ha estado en torno al 11%, y solo Dakota del Sur ha logrado mantenerla por debajo del 6% desde 2003, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Presuntamente, esta tendencia indica que muchos estados tendrán dificultades para cumplir con los nuevos requisitos.
La posible reducción o eliminación del programa en algunos estados podría dejar sin ayuda a más de 40 millones de estadounidenses, entre ellos numerosos niños, ancianos y personas con discapacidades.
La pérdida de beneficios podría traducirse en un aumento de la inseguridad alimentaria, que ya es un problema grave en el país, especialmente en comunidades de bajos ingresos.
En el contexto histórico, la ayuda alimentaria ha sido un pilar fundamental en la #política social estadounidense desde la década de 1960, con el objetivo de reducir la #pobreza y garantizar una nutrición adecuada.
Sin embargo, supuestamente, las recientes reformas buscan reducir los costos del programa y combatir el fraude, argumentando que algunos beneficiarios no cumplen con los requisitos.
Pero estos argumentos han sido cuestionados por expertos, que consideran que la mayoría de los beneficiarios son personas que realmente necesitan asistencia.
En conclusión, aunque las autoridades aseguran que estas medidas buscan optimizar el uso de los fondos públicos, la realidad es que podrían tener efectos devastadores en las comunidades más vulnerables.
