Supuestamente, en los próximos años, millones de estadounidenses podrían perder el acceso completo a la ayuda alimentaria federal, debido a nuevas regulaciones que exigen que los estados compartan los costos del programa SNAP. Esta medida, que entraría en vigor en 2028, genera preocupación entre expertos y beneficiarios, quienes advierten sobre las posibles consecuencias sociales y económicas.
