Un testimonio clave en el juicio contra profesionales de la salud revela decisiones cuestionables durante el tratamiento final del ícono del fútbol, incluyendo permisos para consumir alimentos poco saludables y cuidados en un entorno inapropiado.
El pasado 30 de abril en Mumbai, se conocieron detalles impactantes sobre la atención médica que recibió Diego Maradona en sus últimos meses de vida, en medio de un proceso judicial que busca esclarecer posibles negligencias por parte de su equipo médico.
La declaración de Fernando Villarejo, quien trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Olivos, ubicada en las afueras de Buenos Aires, ha puesto en entredicho cómo se manejó la salud del legendario futbolista.
Villarejo afirmó ante la corte que durante la recuperación de Maradona tras su cirugía, se le permitió ordenar alimentos poco saludables, como hamburguesas, en su habitación.
Este hecho resulta especialmente llamativo, dado que en ese momento el exjugador se encontraba en una etapa delicada de su recuperación. La clínica, que en ese entonces era uno de los centros de referencia en Argentina, se convirtió en escenario de controversias al parecer permitirse una laxitud en las medidas de cuidado.
El exdirector del ICU expresó que se sentía como una pieza en un juego de poder entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes tenían la responsabilidad de decidir el tratamiento postoperatorio.
Según Villarejo, en noviembre de 2020, Maradona fue sometido a una operación para tratar un hematoma en su cráneo, que se formó entre su hueso y su cerebro.
La intervención se realizó sin realizar previamente exámenes médicos adecuados, un hecho que ha generado gran preocupación en el ámbito médico y legal.
Tras la cirugía, Maradona permaneció en cuidados intensivos en la clínica durante una semana, del 4 al 11 de noviembre. Posteriormente, se propuso trasladarlo a su domicilio en Tigre, una localidad a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. Sin embargo, esta decisión ha sido objeto de críticas, pues expertos consideran que un paciente en su estado debía haber sido ingresado en un centro de rehabilitación en lugar de en un entorno privado y menos controlado.
El caso de Maradona, quien en 1986 llevó a Argentina a conquistar su segundo título mundial, ha sido objeto de múltiples investigaciones tras su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.
La autopsia reveló que el exfutbolista presentaba un corazón anormalmente grande, condición que pudo haber contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, el debate en torno a su tratamiento médico continúa, ahora en el ámbito judicial.
Villarejo también relató que, pocos días después de la operación, Luque ordenó sedar a Maradona con el fin de «desintoxicarlo» de su consumo de alcohol y de controlar su comportamiento, a pesar de que el propio director del ICU consideró que esto no era apropiado y que las circunstancias no lo justificaban.
La familia del exjugador, según explicó, aceptó dicha sedación por desconocimiento o por confiar en la decisión de los médicos.
Este relato se suma a las declaraciones de otros expertos que han señalado que Maradona debería haber sido ingresado en una clínica de rehabilitación en lugar de en su domicilio, para asegurar una recuperación adecuada.
La polémica también involucra a Luque, quien fue su médico personal durante los últimos cuatro años de su vida, y a Cosachov, que prescribió medicamentos hasta el día de su fallecimiento.
La investigación continúa en marcha, y las declaraciones como la de Villarejo aportan detalles clave que podrían modificar la percepción pública y legal sobre la atención médica brindada a uno de los íconos más grandes del fútbol mundial.
La causa busca esclarecer si hubo negligencia que contribuyó a la muerte del ídolo, y si las decisiones tomadas en esos meses finales fueron las adecuadas desde el punto de vista médico y ético.
