Luis Rubiales, quien fuera el máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue detenido este miércoles al regresar a España procedente de República Dominicana, con el fin de ser informado de su imputación en un caso de corrupción.

Al aterrizar en el aeropuerto de Barajas, fue abordado por la Guardia Civil y trasladado a sus instalaciones para prestar declaración durante unas dos horas.

Posteriormente quedó en libertad, pero podría ser llamado a declarar ante el juez.

El ex presidente de la RFEF se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en contratos de los últimos cinco años, como el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita.

La causa se sigue en el Juzgado de Majadahonda y Rubiales es señalado por presunta gestión desleal, corrupción empresarial y blanqueo de capitales.

Furor por Luis Rubiales no es sobre un beso, es sobre mujeres que se sienten seguras jugando un deporte que aman

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha generado controversia por su comportamiento durante la entrega del trofeo tras la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Esta situación no se trata simplemente de un beso, sino de la seguridad de las mujeres y niñas al jugar el deporte que aman. La falta de responsabilidad y la protección de hombres poderosos en el fútbol español ha desencadenado una ola de apoyo hacia las jugadoras y una creciente lucha contra la misoginia y el machismo en el deporte.

Durante el mes pasado, se realizaron registros en una propiedad de su propiedad en Granada y en las oficinas de la RFEF en Madrid, donde se produjeron siete detenciones, incluyendo la de Rubiales.

El ex dirigente también enfrenta un juicio por el incidente del beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, donde la Fiscalía pide una pena de dos años y medio de prisión por agresión sexual y coacciones.

Además, se solicita que Rubiales sea inhabilitado para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de condena, con dos años de libertad vigilada y restricciones de comunicación con la víctima.