Las autoridades judiciales de Argentina han iniciado una investigación contra empresarios vinculados al fútbol por posibles operaciones de lavado de dinero y triangulación de fondos entre Argentina, Uruguay y Europa. La causa, que involucra a figuras cercanas a la dirigencia de Estudiantes de La Plata, busca esclarecer movimientos financieros sospechosos relacionados con transferencias y compras de clubes.
En los últimos días, la Justicia ha realizado pasos importantes en una causa que apunta a detectar posibles operaciones de lavado de dinero, triangulaciones de fondos y transferencia de activos ilícitos.
El pasado jueves, la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo del fiscal Emilio Guerberoff, imputó a los empresarios #Foster Gillet y Guillermo Tofoni, vinculados estrechamente a Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata.
Esta es una evidencia clara del alcance de la investigación, que busca aclarar las sombras que rodean la adquisición y gestión de clubes en el país.
La causa se inició en marzo pasado, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia por presunto lavado de activos, en base a movimientos atípicos en el mercado de pases del fútbol argentino.
Uno de los puntos clave de la investigación gira en torno a la compra del futbolista Cristian Medina por parte de Boca Juniors, una transferencia que, según las autoridades, estuvo demorada por una transferencia internacional de 14 millones de euros —equivalentes a aproximadamente 15 millones de dólares— que no se concretó en su momento.
La controversia también incluye a otros jugadores, como Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, quienes también fueron llamados a declarar en el marco de la causa.
La compra del club uruguayo Rampla Juniors por parte de Foster Gillet, una operación que culminó con problemas institucionales y deportivos para el club en 2024, que resultó en su descenso a la Tercera División de Uruguay, fue otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores.
La sospecha apunta a que existió una triangulación de fondos entre Argentina
La sospecha apunta a que existió una triangulación de fondos entre Argentina, Uruguay y Europa, cuyo origen no podía ser completamente esclarecido. La justicia estima que cerca de 150 millones de dólares en diferentes cuotas, muchas de las cuales no se hicieron efectivas, habrían sido movidos en esas operaciones.
Para profundizar en la investigación, el juez Marcelo Aguinsky ordenó varias diligencias, entre ellas, la apertura de los secretos fiscales y bancarios tanto de Foster Gillet como de Guillermo Tofoni, además de los clubes Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.
Estas medidas pretenden obtener detalles sobre el origen y destino de los fondos involucrados en las operaciones de compra y venta de jugadores y clubes.
Por su parte, Tofoni fue mencionado como apoderado de Gillet en Argentina desde principios de 2025, en un momento en el que todavía era plausible la implementación de reformas en el fútbol argentino, como la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
Sin embargo, esas promesas de inversión y cambio institucional comenzaron a desmoronarse a raíz de esta investigación judicial.
El impacto de estas investigaciones va más allá de lo meramente financiero, poniendo en evidencia posibles vínculos entre dirigentes, empresarios y el mercado del fútbol que podrían tener consecuencias importantes en la regulación del deporte en Argentina.
La investigación continúa en marcha, y se esperan nuevos avances en los próximos meses, que podrían implicar sanciones y cambios en la estructura de los clubes involucrados.