Una violenta agresión en el estadio Libertadores de América durante un partido de octavos de final de la Copa Sudamericana puso en evidencia la problemática de la violencia organizada en el fútbol argentino. La situación ha llevado a las autoridades a investigar posibles vínculos y responsabilidades, en un contexto que revela un entramado de estructuras criminales y complicidades institucionales.
En la noche del miércoles, un enfrentamiento que involucró agresiones físicas y actos de linchamiento en las tribunas del estadio Libertadores de América, en Avellaneda, evidenció el alcance de las redes de violencia organizada que operan en torno a los clubes argentinos y su influencia en las instituciones de seguridad.
Este incidente, que dejó a varios heridos y a un hincha chileno en estado crítico tras lanzarse al vacío, no puede entenderse como un hecho aislado.
La historia del fútbol en Argentina está marcada por conflictos y disputas de poder entre diferentes grupos de barras bravas, que en muchos casos han contenido vínculos con redes de narcotráfico, negocios ilegales y con la dirigencia del propio fútbol local.
La violencia en los estadios, tristemente, muchas veces ha sido utilizada como un mecanismo de control y de expresión de disputas internas.
El grupo responsable de la agresión, liderado por Juan Ignacio Lenczicki, es uno de los cuerpos disidentes que operan dentro de la estructura del club.
Lenczicki, además de ocupar un liderazgo en la barra, tiene conexiones en las comunidades populares de Barracas, barrio emblemático en la Ciudad de Buenos Aires.
Junto a otros personajes, como Mario Nadalich y los hermanos David y Emanuel Escubilla, consolidaron una estructura que combina poder territorial, apoyo político y respaldo económico, incluso mediante el manejo de recursos y permisos que parecen estar facilitados por contactos con fuerzas policiales.
Desde hace décadas, la relación entre los clubes de fútbol y las barras bravas ha sido compleja y, en muchos casos, una relación de complicidad. La historia más recordada en este sentido es la del famoso “Pacto del Día del Hincha”, un acuerdo no oficial que estableció una suerte de tregua entre grupos enfrentados en algunos clubes, a cambio de favores económicos, impunidad y protección.
en Independiente
En particular, en Independiente, se presume que las estructuras de poder mantienen alianzas con ciertos sectores policiales y políticos que garantizan la no intervención activa, permitiendo que estas redes operen con relativamente poca presión.
Los incidentes del miércoles no fueron un acto espontáneo, sino el resultado de una organización previa que se aprovechó del escenario y las vulnerabilidades del sistema de seguridad.
La policía bonaerense, en lugar de actuar de manera contundente, aparece como un actor que, en algunos casos, ha sido cómplice o se ha visto incapaz de controlar estos grupos delictivos.
Se ha señalado que en varias ocasiones los líderes de estas facciones han contado con el apoyo de ciertos miembros de las fuerzas de seguridad, quienes les brindan movilidad, información y, en algunos casos, protección.
El papel del club tampoco es inocuo en esta dinámica. Como en muchas instituciones del fútbol argentino, existe un acuerdo tácito que permite a los grupos violentos tener presencia en las tribunas a cambio de evitar acciones que dañen la imagen del club.
Sin embargo, en la práctica, esa paz relativa se mantiene gracias a la existencia de redes de protección que, en última instancia, refuerzan la impunidad y facilitan que estas organizaciones se sientan con libertad para actuar.
Las investigaciones ya están en marcha y las autoridades han anunciado que identificarán a los responsables mediante un análisis exhaustivo de las imágenes y testigos.
La modalidad de estos actos violentes, con golpes, patadas y agresiones sistemáticas, demuestra una estrategia que apunta a generar miedo y control en la seguridad del fútbol.
Todo indica que tras estos hechos hay una red criminal con intereses que van más allá del deporte, con vínculos políticos y actividades delictivas que dificultan una intervención efectiva.
Este episodio no puede desligarse del contexto histórico del fútbol argentino, donde la violencia y el poder se han entrelazado en muchas ocasiones.
Grandes clubes del país han tenido que lidiar con escándalos, por lo que la situación actual reitera la necesidad de una reforma profunda en los mecanismos de seguridad, control y regulación del fútbol sudamericano.
La constante muestra de impunidad no solo afecta a la integridad física de los aficionados, sino que también pone en entredicho la credibilidad de las instituciones responsables.
