La justicia en la India ha dictaminado que el cricketer Mohammed Shami debe abonar una pensión mensual significativa a su exesposa e hija, en medio de una prolongada batalla legal que ha capturado la atención del país. La resolución marca un giro en el caso, que comenzó en 2018, y establece un monto que supera ampliamente las demandas iniciales de la parte afectada.

Imagen relacionada de la corte india ordena mohammed shami pagar pension mensual a su exesposa e hija tras larga disputa legal

Según la resolución, el jugador de #críquet Mohammed Shami deberá pagar una pensión mensual de aproximadamente 4.600 euros (equivalente a Rs 4 lakh) a su exesposa, Hasin Jahan, y a su hija. Esta decisión llega después de una larga y compleja batalla legal que comenzó en marzo de 2018, cuando Jahan presentó una denuncia formal en la estación de policía de Jadavpur, acusando a Shami de maltrato físico y psicológico, así como de otros delitos relacionados con la ley contra la violencia doméstica y el acoso por dote.

Supuestamente, la disputa entre la pareja empezó poco después de su matrimonio en abril de 2014, y desde entonces se han presentado múltiples denuncias y apelaciones.

La acusación de Jahan incluía alegaciones de violencia física y mental, además de acusaciones de que Shami había dejado de apoyar económicamente a su #familia y había dejado de cumplir con sus responsabilidades financieras.

En su denuncia, también afirmó que Shami había sido involucrado en prácticas de amaño de partidos y en casos de acoso por dote, acusaciones que presuntamente nunca fueron completamente esclarecidas.

El caso atrajo la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales, no solo por la fama de Shami como uno de los jugadores más destacados de la selección india de críquet, sino también por las implicaciones sociales y legales que conlleva.

La corte, en su sentencia, consideró que, basándose en la evidencia presentada y en los precedentes legales, una pensión de 1,50,000 rupias (aproximadamente 1,750 euros) al mes para la esposa, y 2,50,000 rupias (unos 2,900 euros) para la hija, sería justo y suficiente para garantizar la estabilidad económica de ambas partes hasta la resolución definitiva del proceso.

Supuestamente, la #justicia también indicó que Shami seguiría siendo responsable de cubrir gastos educativos y otros gastos razonables para su hija, de manera voluntaria, por encima de la pensión establecida.

La orden fue emitida por el juez Ajoy Kumar Mukherjee, quien añadió que la capacidad económica del jugador le permite pagar una cantidad superior, y que la mujer, actualmente sin estar casada y viviendo sola con su hija, tiene derecho a una manutención adecuada que le permita mantener un nivel de vida similar al que disfrutó durante su matrimonio.

Supuestamente relacionados con las actividades extracurriculares de Shami y su entorno familiar

El caso también involucra acusaciones de Dowry Harassment y casos de amaño en partidos, supuestamente relacionados con las actividades extracurriculares de Shami y su entorno familiar.

La denuncia de Jahan solicitaba inicialmente una pensión de 7 lakh rupias (alrededor de 8,200 euros) mensuales para ella y 3 lakh rupias (unos 3,500 euros) para su hija, pero la corte modificó esa petición en su sentencia final.

Mientras tanto, Shami ha sido visto en varias ocasiones con figuras políticas y en eventos deportivos, y supuestamente ha expresado su intención de apelar la decisión en instancias superiores.

La sentencia establece un precedente importante en cuanto a la protección legal de las mujeres en casos de violencia doméstica y disputas familiares en India, especialmente cuando están relacionadas con figuras públicas.

Esta resolución también subraya la importancia de que los deportistas tomen conciencia de sus responsabilidades familiares y de las implicaciones legales de sus acciones fuera del campo de juego.

En conclusión, esta sentencia no solo afecta la carrera y la vida personal de Mohammed Shami, sino que también refleja una tendencia creciente en la justicia india a proteger los derechos de las mujeres y las menores en casos de conflicto familiar.