El Gobierno regional ha llevado a cabo más de 400 evaluaciones en el último año para analizar el estado de la salud mental y psicosocial de sus empleados, implementando acciones específicas para crear entornos laborales más saludables y seguros.
Durante el último año, la Junta de Castilla y León ha realizado un esfuerzo significativo para evaluar y mejorar la salud psicosocial de sus empleados públicos.
En total, se llevaron a cabo más de 400 evaluaciones, en un proceso que combina cuestionarios anónimos y entrevistas personales, con el objetivo de identificar los factores de riesgo y proponer soluciones específicas para cada centro de trabajo.
Este trabajo forma parte de una estrategia integral que la Consejería de la Presidencia ha puesto en marcha para garantizar el bienestar emocional y físico de sus empleados, entendiendo que su salud mental influye directamente en la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía.
La iniciativa se enmarca en un contexto en el que, a nivel global, la salud mental laboral ha cobrado una relevancia creciente. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral y las condiciones psicosociales deficientes son responsables de una alta proporción de absentismo y baja productividad en los entornos laborales.
Para contextualizar, en 2024, Castilla y León invirtió aproximadamente 30.000 euros en esta evaluación, lo que, convertido a euros actuales, sería cerca de 28.500 euros, considerando una tasa de cambio de 1 euro = 1,05 dólares. Los resultados de estas evaluaciones permitieron detectar áreas de riesgo en diferentes centros administrativos, desde departamentos de gestión hasta oficinas de atención al ciudadano.
En respuesta, la Junta desarrolló más de una treintena de estudios específicos, mediante entrevistas y visitas en el lugar de trabajo, con el fin de profundizar en los aspectos más problemáticos y diseñar intervenciones personalizadas.
Estos estudios se llevaron a cabo en colaboración con los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, quienes analizaron aspectos como la carga de trabajo, el apoyo social, las relaciones humanas y el interés en las tareas diarias.
La finalidad fue reducir los factores estresantes y promover un ambiente laboral más sano y motivador. Como resultado, se implementaron diversas acciones, desde programas de gestión emocional y talleres de resiliencia hasta medidas para mejorar la comunicación interna.
En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “la salud mental se ha convertido en un eje fundamental de las políticas públicas de nuestra comunidad.
El estrés laboral, la fatiga emocional o la desmotivación afectan no solo a la salud física, sino también a la convivencia, la eficiencia y la percepción del servicio público”.
Además, en 2024, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) organizó alrededor de 70 cursos, tanto presenciales como en línea, destinados a dotar a los empleados de herramientas prácticas para gestionar mejor sus emociones, prevenir el desgaste y promover entornos laborales saludables.
La participación en estos cursos alcanzó a cerca de 1.500 empleados, y para 2025, el número de cursos aumentará a 83, mostrando un compromiso firme con la formación en salud mental.
Por otro lado, Castilla y León también ha puesto en marcha medidas para prevenir y actuar frente a la violencia y el acoso laboral. La actualización del protocolo de actuación, que diferencia entre violencia interna y externa, ha permitido agilizar los procedimientos y reducir la incidencia de estos casos.
Actualmente, la tasa de violencia interna se sitúa en 0,66 por cada 1.000 empleados, mientras que la externa alcanza los 2,32 por cada 1.000. Además, se ha establecido un protocolo específico para prevenir y actuar contra el acoso sexual, incluyendo la formación de asesores confidenciales y grupos de apoyo.
En definitiva, la Junta de Castilla y León demuestra un compromiso claro por avanzar en la protección de la salud mental de sus empleados públicos.
Como ha destacado González Gago, “progresar en la atención a la salud mental no es una opción, sino una obligación ética, institucional y social que debemos cumplir para garantizar una administración eficiente, respetuosa y cercana a las necesidades de la ciudadanía”.
