La Junta de Castilla y León actualiza las reglas del Programa Mixto de Formación y Empleo para simplificar su gestión, promover iniciativas con alto impacto social y medioambiental, y fortalecer la colaboración entre entidades locales en busca de mayor empleabilidad.
Estos cambios, que entrarán en vigor en el próximo ejercicio, buscan optimizar la gestión del programa, facilitar la participación de distintas entidades y potenciar proyectos que tengan un impacto relevante en la economía y el medio ambiente de la región.
Supuestamente, estas modificaciones se basan en la experiencia acumulada en convocatorias anteriores, con la intención de lograr una mayor eficacia en los objetivos del programa y responder a las particularidades de cada territorio.
La iniciativa se enmarca en el compromiso de Castilla y León por reducir el desempleo, especialmente en zonas rurales, y promover un desarrollo económico más sostenible y equitativo.
Uno de los aspectos más destacados de la actualización es la simplificación de los procedimientos administrativos, lo que facilitará a las entidades interesadas presentar sus proyectos sin trámites excesivamente complejos.
Además, se establecen nuevos criterios de valoración que priorizarán aquellos programas con carácter singular, como los que contribuyen a la implantación de nuevos servicios en municipios o que fomentan la cualificación de trabajadores con alta inserción laboral.
Supuestamente, también se dará un impulso especial a las iniciativas que tengan un enfoque medioambiental, particularmente las que ayuden a la prevención de incendios forestales y a la recuperación de zonas afectadas por los mismos.
Esto responde a una problemática cada vez más acuciante en la región, donde los incendios forestales han causado daños significativos en los últimos años, afectando la biodiversidad y las actividades económicas locales.
Por otro lado, se pretende potenciar la cooperación interadministrativa mediante la posibilidad de que los programas puedan ser desarrollados en colaboración por varias entidades locales.
Esta medida busca fortalecer la colaboración entre municipios, especialmente en áreas rurales, y facilitar la ejecución de proyectos conjuntos que, de forma individual, podrían resultar más difíciles de llevar a cabo.
Las entidades beneficiarias seguirán siendo los ayuntamientos, sus organismos autónomos y entidades dependientes, además de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones sin ánimo de lucro.
Durante los cuales se cubrirán todos los costes relacionados con la #formación y el funcionamiento
Los programas tendrán una duración de entre 6 y 12 meses, durante los cuales se cubrirán todos los costes relacionados con la formación y el funcionamiento, incluyendo el pago de salarios a los participantes durante las fases de formación y trabajo real.
Supuestamente, la nueva normativa también contempla la posibilidad de realizar anticipos de hasta el 60 % del total de la subvención concedida, lo que facilitará la planificación y ejecución de los proyectos.
Estas acciones duales, que combinan formación y empleo, están diseñadas para ofrecer a las personas en situación de desempleo la oportunidad de obtener una cualificación profesional certificada, a la vez que adquieren experiencia laboral real y remunerada.
En el contexto económico actual, donde la recuperación tras la pandemia continúa, estas iniciativas son vistas como un paso importante para revitalizar las comunidades rurales y urbanas de Castilla y León, promoviendo una economía más diversificada y sostenible.
La inversión en estos programas también puede traducirse en una mayor calidad de vida para los habitantes y en un impulso a sectores estratégicos como el medioambiente y la innovación social.
Supuestamente, los recursos destinados a estos programas en 2025 equivalen a unos 5 millones de euros, aproximadamente 5,4 millones de euros al cambio actual, destinados a cubrir los costos de formación, salarios y gestión.
