La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la ciberseguridad mediante nuevas inversiones, alianzas estratégicas y proyectos innovadores para garantizar la protección de los servicios públicos y avanzar en la digitalización centrada en las personas.

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La Junta de Castilla y León ha confirmado un aumento significativo en su inversión destinada a fortalecer la ciberseguridad en toda la región, destinando más de 2 millones de euros anuales (aproximadamente 2 millones de euros, equivalentes a unos 2,2 millones de dólares o 1,8 millones de libras esterlinas) para asegurar la continuidad y protección de los servicios públicos esenciales.

Esta apuesta firme busca crear un ecosistema digital más seguro, confiable y resistente frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, resaltó en la reciente jornada ‘Estrategias de ciber-resiliencia y seguridad del dato’ la importancia de que la región avance en una transformación digital que sea segura, humana y sostenible.

Durante su intervención, enfatizó que la ciberseguridad ya no es una opción, sino una obligación institucional que requiere colaboración estrecha entre los sectores público y privado.

La crisis provocada por el apagón masivo en abril pasado evidenció la necesidad urgente de sistemas robustos y planes de contingencia eficientes en todos los niveles administrativos.

Para ello, la Junta ha estructurado su estrategia de protección digital en torno a tres pilares fundamentales: las personas, la normativa y los procedimientos, además de las medidas técnicas.

En este sentido, se ha puesto en marcha un ambicioso programa de formación y sensibilización dirigido al personal público, reconociendo que el factor humano sigue siendo el eslabón más vulnerable en la cadena de la seguridad digital.

Uno de los proyectos más destacados en esta estrategia es la renovación del contrato del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). La inversión en este centro se ha multiplicado, pasando de 800.000 euros a aproximadamente 1,8 millones de euros anuales (unos 2 millones de dólares), duplicando los recursos destinados a monitorizar, prevenir y responder ante incidentes digitales en la administración autonómica.

En 2024, el SOC gestionó casi 19.000 alertas, de las cuales más de 1.500 corresponden a incidentes reales, una cifra histórica que refleja la creciente complejidad del panorama digital.

Además, en los próximos meses se aprobará una inversión superior a 230.000 euros (unos 255.000 dólares) para la incorporación de una nueva herramienta informática que mejorará la protección de datos y sistemas públicos, reforzando aún más la infraestructura tecnológica de la región.

El consejero también destacó la relevancia de la colaboración público-privada y la cooperación institucional. En este sentido, subrayó el papel del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con sede en León, como socio clave en la protección digital tanto de las empresas como de los ciudadanos.

La colaboración con el CCN-CERT y otros organismos especializados es fundamental para la implementación de estrategias eficaces contra las ciberamenazas.

Entre los proyectos de mayor envergadura, Castilla y León participa en la red de cooperación interterritorial RED-ARGOS, dentro del programa RETECH, financiado con fondos europeos Next Generation y recursos propios de la Junta.

En total, se destinan más de 13 millones de euros (unos 14,3 millones de dólares) para impulsar nodos de ciberseguridad en sectores estratégicos como movilidad, aeroespacial y energía.

Asimismo, la región lidera iniciativas en comunicaciones cuánticas seguras y criptografía resistente a futuros ataques, a través de la Fundación SCAYLE, en colaboración con universidades y empresas locales.

Estas iniciativas sitúan a Castilla y León en la vanguardia de la innovación en seguridad digital.

Por último, Sanz Merino recordó que la ciberseguridad es uno de los vectores prioritarios de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027.

El objetivo es lograr una Castilla y León más segura, competitiva y preparada para afrontar los desafíos del mundo digital, siempre con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante una transformación digital centrada en las personas y sus necesidades.