La Junta de Castilla y León publica en el Boletín Oficial un Decreto, un Acuerdo y cuatro Órdenes para coordinar las elecciones autonómicas de 2026, abarcando desde la organización de mesas hasta la promoción de la transparencia y la protección del personal electoral.
Se trata de un Decreto, un Acuerdo y cuatro Órdenes que abordan, de forma integral, distintos aspectos del proceso electoral, desde la organización de las mesas y la retribución del personal, hasta los permisos laborales con motivo de la jornada de votación y el funcionamiento de la Comisión de Debates Electorales, así como los modelos oficiales de actas.
Estos textos persiguen, en conjunto, asegurar una jornada electoral ordenada, proteger al personal que interviene en los comicios y reforzar la transparencia del proceso.
Supuestamente, estas normas pretenden estandarizar procedimientos en todos los centros de votación de la Comunidad para evitar disparidades entre municipios de distinto tamaño.
Entre las medidas más destacadas figura el llamado manual de instrucciones para las mesas electorales. Supervisado por la Junta Electoral Central, este documento ofrece una guía detallada para la constitución, desarrollo y cierre de las mesas, y para la realización del escrutinio y la entrega de la documentación oficial.
El texto describe desde la reunión inicial en el local electoral y la revisión del material, hasta la identificación de votantes, la gestión de sobres y actas, y la participación de interventores y apoderados.
También contiene normas de orden público y especificaciones sobre el uso de los impresos oficiales a rellenar, con el objetivo de garantizar procedimientos homogéneos en todos los colegios electorales de la Comunidad.
No es casualidad que se subraye que formar parte de una mesa electoral es, según el texto, un deber cívico, y que la presidencia de la mesa es la máxima autoridad en el local durante la jornada.
Supuestamente, esta centralización de funciones podría facilitar la coordinación entre centros y agilizar la resolución de incidencias.
Otra norma clave es el decreto que regula las dietas y gratificaciones del personal implicado en el proceso electoral. Entre las medidas más relevantes, se establece que los presidentes y vocales de las mesas percibirán una dieta de 76,41 euros por la jornada, con cobertura de riesgos a través de la Seguridad Social durante el desempeño de sus funciones.
También se contemplan compensaciones para quienes colaboren en la infraestructura y organización de los colegios, desde la instalación de urnas y cabinas hasta la gestión de dispositivos electrónicos.
Además, el conjunto de normas contempla la retribución y las garantías para otros colectivos, como interventores, apoderados y personal de administración.
En paralelo, la Consejería de la Presidencia ha publicado una Orden que modifica la regulación de la Comisión de Debates Electorales de Castilla y León.
El objetivo es actualizar su funcionamiento para adaptarlo a los avances y cambios en el panorama mediático regional desde su creación en 2019, hace casi siete años.
La Orden actualiza la composición de la Comisión para incorporar a las televisiones locales y a los medios digitales de información general, reforzando así el carácter plural y profesional del órgano encargado de fijar las condiciones de los debates.
Junto a la presidencia, que seguirá recaer en un periodista de reconocido prestigio, se mantiene la representación del Colegio Profesional de Periodistas, de los medios de prensa escrita, radios, televisiones autonómicas y agencias de noticias.
La novedad consiste en la inclusión de televisiones locales y medios digitales, lo que podría alterar dinámicas de cobertura y permitir una pluralidad mayor.
Réplicas y otros aspectos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa electoral
Además, la Orden otorga al presidente mayores competencias ejecutivas para la puesta en marcha de acuerdos y detalla las condiciones que la Comisión puede fijar para la celebración de debates: lugar, orden de intervención, tiempos, réplicas y otros aspectos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa electoral, incluyendo, como novedades, la fijación de fechas y bloques temáticos de los debates.
Por otra parte, la Consejería de la Presidencia también ha publicado la Orden por la que se regula la concesión de permisos a los empleados públicos de la Junta de #Castilla y León en ocasión de las elecciones.
Esta norma establece que quienes sean designados presidentes, vocales o interventores de mesa tendrán derecho a un permiso retribuido de jornada completa el día de la votación (si no coincide con su descanso semanal) y a una reducción de cinco horas en su jornada laboral el día siguiente.
Igualmente, los apoderados acreditados dispondrán de permiso retribuido durante el día de la votación. Además, la Orden garantiza el derecho al voto de todo el personal al servicio de la Administración autonómica, mediante un permiso retribuido de hasta cuatro horas para emitir su sufragio, o su equivalente proporcional en casos de jornada reducida.
En consonancia, la Consejería de Comercio, Industria y Empleo ha publicado una Orden que regula normas relativas al desarrollo de la jornada electoral en el ámbito de los permisos laborales para los trabajadores de empresas privadas con motivo de las elecciones.
Esta norma reconoce el derecho a disponer de hasta cuatro horas retribuidas para votar, y regula los permisos para solicitar y enviar el voto por correo, así como los permisos retribuidos y reducciones de jornada para quienes sean designados presidentes, vocales, interventores o apoderados de las mesas.
Finalmente, el Boletín Oficial recoge la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se publican los modelos oficiales de actas que se utilizarán en las elecciones.
Esta última norma actualiza los formatos vigentes conforme a los acuerdos de la Junta Electoral Central, incorporando campos para detallar el voto de residentes ausentes en el extranjero (CERA) y la constitución de las mesas, además de mejorar el control de incidencias, la identificación de votos no válidos o fuera de plazo y la constancia de suplentes designados que no llegaron a integrarse en las mesas.
En síntesis, el paquete normativo busca reforzar la organización, la transparencia y la equidad del proceso electoral de 2026, con una mirada puesta en las mejoras tecnológicas y en la participación de diferentes actores mediáticos, sin perder de vista la protección de quienes trabajan en las urnas.
En un marco histórico reciente, estas reformas se inscriben en la evolución constante de la regulación electoral en España, que desde la década pasada ha buscado adaptar prácticas locales a estándares de calidad y rendición de cuentas cada vez más exigentes.
Presuntamente, estas medidas podrían ayudar a reducir variaciones entre localidades y a facilitar la cobertura informativa de los comicios para la ciudadanía.