La Junta de Castilla y León y las OPAS acuerdan trabajar de forma unitaria para exigir reciprocidad real en el marco UE-Mercosur, con salvaguardas y controles para proteger al sector agroalimentario regional.
Este compromiso, asumido por unanimidad en el seno del Consejo Agrario regional, pone sobre la mesa la necesidad de que agricultores y ganaderos de la región compitan en condiciones de igualdad, tal como ha insistido la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.
El documento acordado señala con claridad que el apoyo al acuerdo #UE-Mercosur solo se dará si se garantiza una #reciprocidad real y efectiva, permitiendo que cumplan los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, con un sistema de #control y trazabilidad que evite desequilibrios en el mercado.
En esa línea, se reclaman salvaguardas reales, efectivas e inmediatas, activables sin demora ante incrementos excesivos de importaciones o caídas pronunciadas de precios, e incluso se propone incorporar compensaciones operativas cuando proceda.
Asimismo, se insiste en reforzar los controles en frontera y en realizar inspecciones en terceros países para garantizar que se cumplen las exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y, en su caso, de bienestar animal.
Todo ello se enmarca en un contexto en el que el sector agroalimentario de #Castilla y León se considera un pilar esencial de la economía, el empleo y la cohesión territorial de la comunidad, y se defiende que su desarrollo debe darse dentro de un marco de competencia leal, #seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Los dirigentes regionales han dejado claro que, aunque se reconoce la importancia de este acuerdo, su redacción y alcance no han sido explicados con la profundidad y la transparencia deseadas.
En ese sentido, la Junta y las OPAS lamentan que no se haya aclarado suficientemente su alcance, condiciones y consecuencias, pese a las solicitudes realizadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que tanto las comunidades autónomas como el propio sector pudieran conocer en detalle qué implicaciones podría acarrear.
En paralelo, el texto advierte sobre la posible preocupación generada por el potencial impacto del acuerdo en producciones relevantes de la región y solicita un análisis detallado del impacto desagregado por producciones y territorios, con especial atención a los sectores más vulnerables.
Esta petición forma parte de un esfuerzo más amplio por situar la defensa del sector en un marco de información rigurosa y toma de decisiones basadas en evidencia.
La Junta y las OPAS ya firmaron una declaración institucional sobre la futura #PAC 2028-2034
Como marco de referencia, María González Corral recordó que, en mayo del año anterior, la Junta y las OPAS ya firmaron una declaración institucional sobre la futura PAC 2028-2034, en la que se reivindicó el principio de reciprocidad en los futuros acuerdos con terceros países, además de defender un Marco Financiero Plurianual sólido, con la preservación de la actual estructura de dos pilares (fondos FEAGA y FEADER) y un incremento del presupuesto.
En esa línea, el nuevo acuerdo también se vincula a la negociación de una PAC contundente y sin recortes.
En otro frente, la Consejería ha anunciado la redacción de las bases de una nueva ayuda a la recogida de leche en explotaciones de la zona de montaña.
Estas ayudas se destinarán a los primeros compradores de leche cruda para paliar el incremento de costes que pueden sufrir en estas zonas y, de este modo, evitar que esas cargas repercutan de forma directa en los ganaderos.
Supuestamente, estos planes se posicionan como un intento de equilibrar el coste de producción en áreas de montaña y preservar la viabilidad de las explotaciones frente a posibles cambios en los flujos comerciales derivados del acuerdo UE-Mercosur.
Presuntamente, la medida podría contribuir a estabilizar la cadena de valor desde el productor hasta el consumidor y a mantener empleo en un sector estratégico para la comunidad.
En resumen, la cooperación entre la Junta y las OPAS marca una hoja de ruta para hacer frente a un marco comercial internacional que podría alterar la dinámica de la #agricultura y la #ganadería regional.
El objetivo es asegurar que Castilla y León cuente con instrumentos que garanticen competencia leal, estabilidad de precios y sostenibilidad a largo plazo, al tiempo que se preservan requisitos sanitarios y ambientales que protegen a la ciudadanía y al territorio.