La Junta de Castilla y León lanza la mayor línea de ayudas en seguros agrarios de su historia, destinando 15 millones de euros para proteger a agricultores y ganaderos ante adversidades climáticas y pérdidas en sus explotaciones, además de impulsar otros sectores agroindustriales.
La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy un hito en su política de apoyo al sector agrícola y ganadero, al convocar la mayor línea de ayudas para la contratación de pólizas de seguros agrarios en la historia de la comunidad autónoma.
La dotación de esta convocatoria será de aproximadamente 15 millones de euros, equivalentes a unos 16.000.000 de euros, considerando el cambio de moneda, y tiene como objetivo principal ofrecer una protección financiera sólida a los profesionales del campo frente a las múltiples adversidades que enfrentan.
Este importe supera en un 20% la inversión previa en este tipo de ayudas, reflejando el compromiso del gobierno autonómico con un sector fundamental para la economía regional.
La medida busca disminuir la vulnerabilidad del sector ante fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, lluvias intensas, heladas o granizadas, que históricamente han causado pérdidas millonarias en las cosechas y explotaciones.
Desde la década de 1960, cuando se inició el apoyo agrícola en España, los seguros agrarios han sido una herramienta clave para estabilizar la renta de los agricultores y reducir los riesgos asociados a la producción.
La comunidad de Castilla y León, que cuenta con una de las zonas agrícolas más extensas del país, ha incrementado su inversión en este campo en los últimos años, en línea con las políticas nacionales y europeas que buscan fortalecer la resiliencia del sector.
Junto a esta importante convocatoria, el gobierno regional también adelantó que en la primera semana de junio se publicarán otras tres líneas de ayuda destinadas a potenciar diferentes ámbitos del sector agropecuario.
Estas incluyen una línea específica para la promoción de la apicultura, que en años anteriores ha contribuido a la recuperación de las colonias de abejas y la producción de miel en la región, así como apoyos para la cría de razas puras de ganado, que mantienen la biodiversidad y la calidad genética del sector.
Además, se implementará una ayuda novedosa orientada a la industria agroalimentaria, con el fin de facilitar la cobertura de certificaciones de calidad, seguros para la exportación y otros gastos relacionados con la internacionalización de los productos.
Estas medidas reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León por diversificar y fortalecer su economía rural, promoviendo la innovación y la sostenibilidad.
En el contexto internacional, la política agrícola española ha tenido que adaptarse a cambios significativos en los últimos años, principalmente debido a la introducción de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que ha priorizado la sostenibilidad y el apoyo a los agricultores profesionales frente a la competencia desleal y las importaciones de productos de menor coste provenientes de terceros países.
Castilla y León ha sido un ejemplo de gestión eficiente, logrando acuerdos que defienden los intereses de sus productores.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también destacó en su intervención la importancia de la innovación tecnológica en el sector agrícola.
La región ha promovido la modernización de más de 2.000 explotaciones en los últimos años y ha facilitado la incorporación de cerca de 1.300 jóvenes al campo, en un esfuerzo por rejuvenecer el sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
También subrayó las acciones de la comunidad en la lucha contra los daños ocasionados por fenómenos naturales y plagas, mediante planes específicos de ayuda que incluyen la promoción de sistemas de regadío eficientes, balsas de agua y cebaderos, además de la bonificación del 95% en tasas veterinarias.
Un sector estratégico en la economía regional, el remolachero y azucarero, fue objeto de atención especial en la intervención del presidente. Mañueco reiteró su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo anunciado por Azucarera y solicitó a la empresa que considere alternativas como un ERTE temporal para mantener la actividad y el empleo en la región.
En definitiva, estos anuncios reflejan un compromiso firme de la Junta de Castilla y León con el bienestar del sector agrícola y ganadero, buscando no solo proteger a los profesionales en momentos de crisis, sino también impulsar la innovación, la sostenibilidad y la competitividad en un mercado global cada vez más exigente y cambiante.
La comunidad continúa apostando por un campo fuerte y resiliente, que contribuya al desarrollo económico y social de la región a largo plazo.
