La consejera Candelaria Delgado reclama al Gobierno de España que modifique el procedimiento de la Ley ELA, que obliga a las familias a contratar y pagar primero los cuidados para después recibir la financiación, una barrera económica que muchas no pueden asumir.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a demostrar que su prioridad son las personas. En el Parlamento, explicó que #Canarias está aplicando la #Ley ELA con la máxima velocidad, pero se encontró con un problema que viene de Madrid: el #Gobierno de España ha montado un procedimiento que obliga a las familias a adelantar el dinero de los cuidados para luego pedir el reembolso.
Vamos, que si no tienes dinero ni ahorros, no puedes acceder a la ayuda. Un auténtico disparate.
Para quien no lo sepa, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa muy grave que deja a las personas sin movilidad, sin habla y sin capacidad para respirar por sí mismas.
Necesitan cuidados permanentes y muy caros. Por eso se aprobó una ley estatal para dar ayudas económicas. Pero el desarrollo de esa ley tiene un fallo enorme: exige que la familia contrate a un asistente personal o un servicio de ayuda a domicilio antes de que la Administración pague la ayuda.
Es decir, tienes que tener el dinero para pagar al asistente, y luego te devuelven el dinero. ¿Y qué pasa si no tienes ese dinero? Pues que no puedes contratar al asistente, y sin contrato no hay ayuda. Es una pescadilla que se muerde la cola.
Delgado dejó claro que Canarias ha hecho los deberes. Ha creado un grado III+ en su sistema, ha agilizado los trámites y ha establecido un circuito hospitalario para diagnosticar rápido. Pero la culpa no es de Canarias: la normativa estatal no permite pagar hasta que el servicio esté contratado. Además, el Gobierno central no transfiere el dinero a las comunidades hasta que el programa individual de atención está en marcha y el servicio contratado.
Así que, aunque la comunidad autónoma quiera pagar, no puede hacerlo hasta que todo esté firmado.
¡Gestión eficaz y sin despilfarro! El Instituto Canario de Igualdad presenta resultados: 5 centros 24 horas para proteger a las mujeres, con control del gasto público
La consejera Candelaria Delgado y la directora Ana Padrón hacen balance del trabajo del Instituto Canario de Igualdad, destacando la apertura de cinco centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, la mejora en la justificación de los fondos del Pacto de Estado y los planes hasta el final de la legislatura.«La normativa coloca a las familias ante una auténtica paradoja», dijo la consejera. «Se les exige disponer primero de unos recursos económicos de los que, en muchos casos, carecen para poder activar una prestación concebida para garantizar esos mismos cuidados».
En otras palabras, la ley que debería ayudar se convierte en un obstáculo para los más vulnerables.
El Gobierno de España la publicó en el BOE sin contar con ellas
Además, Delgado recordó que las comunidades autónomas no pudieron opinar cuando se redactó la ley. El Gobierno de España la publicó en el BOE sin contar con ellas. Por eso ahora Canarias pide una revisión urgente. No es justo que las familias tengan que endeudarse o vender lo que tengan para poder recibir una ayuda que precisamente debería evitar eso.
Canarias, eso sí, seguirá acompañando a las familias durante todo el proceso. La consejera aseguró que van a agilizar cada trámite y facilitar el acceso dentro de lo que permite la ley. Pero dejó claro que lo necesario es que el Estado cambie la norma. La ayuda debe llegar antes, no después. No puede ser que alguien con una enfermedad tan dura tenga que preocuparse además por la burocracia y el dinero.
«Canarias cumplirá la ley con rigor y con rapidez, pero también defenderá ante el Estado los cambios necesarios para que el acceso a estas prestaciones deje de convertirse en un obstáculo añadido para quienes ya afrontan una enfermedad extremadamente dura», concluyó Delgado.
Una postura sensata y valiente, que pone a las familias por delante de los papeles.
Esperemos que en Madrid escuchen. Porque mientras tanto, hay personas que no están recibiendo la ayuda que necesitan por culpa de un trámite absurdo. Canarias ha hecho su parte; ahora toca que el Gobierno central haga la suya y arregle esto de una vez.