Autoridades de 16 provincias en Argentina se reúnen para crear una red nacional que facilite el cobro de deudas alimentarias y fortalece la protección de los derechos de niños y adolescentes en todo el país.
La iniciativa fue presentada en el Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la participación de representantes de 16 provincias y diferentes organizaciones nacionales e internacionales.
Este encuentro, llevado a cabo en el emblemático Salón Verde de la facultad, reunió a funcionarios políticos, judiciales y expertos en derechos humanos, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia alimentaria y promover un sistema más articulado y efectivo para la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Entre los asistentes, estuvieron representantes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, de UNICEF, de la Cámara #Argentina de Comercio y de organizaciones civiles como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación de Juristas de Familia de Argentina (AJUFRA).
El ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, fue quien dio inicio a la jornada, resaltando la importancia de la cooperación federal: “Este encuentro marca un avance fundamental en la lucha contra el incumplimiento de las cuotas alimentarias, beneficiando directamente a las familias y, sobre todo, a los niños y niñas que dependen de estos derechos”.
Asimismo, el secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana, destacó que “el incumplimiento de la cuota alimentaria vulnera derechos esenciales, impactando en la salud, el desarrollo y la calidad de vida de los menores”.
La jornada incluyó paneles y mesas de debate en los que se abordaron temas como la legislación vigente, políticas proactivas para el cobro de deudas alimentarias y los desafíos en la gestión registral.
Una de las presentaciones principales fue la de Hernán Najenson, subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, quien dio a conocer la “Guía de Buenas Prácticas del Registro Público de Alimentantes Morosos”.
Esta guía, que incorpora los resultados de las modificaciones a la Ley 269 en la Ciudad de Buenos Aires, contempla acciones concretas como operativos en eventos masivos, estadios y recitales, que permitieron restringir el ingreso a más de 50 deudores en diferentes contextos.
Presuntamente, en el último año se habrían realizado más de 80 operativos similares en distintas ciudades del país, logrando la restricción de ingreso a varias decenas de personas morosas, en un esfuerzo por incentivar el pago de las cuotas.
Consolidar buenas prácticas y avanzar hacia criterios técnicos comunes para el cobro efectivo de las deudas alimentarias
La creación de esta red busca también fomentar el intercambio de información entre jurisdicciones, consolidar buenas prácticas y avanzar hacia criterios técnicos comunes para el cobro efectivo de las deudas alimentarias.
Las mesas de trabajo abordaron también la problemática de la violencia económica, un factor que a menudo complica el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, y las políticas públicas para prevenir y erradicar la pobreza infantil.
Participaron en estos debates legisladores, jueces, representantes de organismos internacionales y organizaciones civiles, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema judicial y las herramientas tecnológicas para garantizar la protección de los derechos de los menores.
Finalmente, la jornada culminó con la firma de la declaración para formalizar la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, un compromiso que, según presuntamente, fortalecerá la respuesta estatal frente a las deudas alimentarias y promoverá un sistema más justo y efectivo en beneficio de las familias argentinas.
