Clausura en Balvanera: una casa de 50 habitaciones frente al Spinetto Shopping marca un giro en la defensa de la propiedad privada
El Gobierno de la Ciudad clausuró una gran casa tomada en Balvanera, frente al Spinetto Shopping, como parte de la lucha contra las usurpaciones y el fortalecimiento del orden urbano, recuperando así la propiedad y demostrando su compromiso con la seguridad vecinal.
Buenos Aires, 6 de febrero de 2026. La Ciudad porteña ejecutó una acción contundente en Balvanera, frente al Spinetto Shopping, al clausurar una vivienda de 50 habitaciones y cinco locales que llevaba años tomada.
La intervención fue motivada por un riesgo estructural y un peligro inminente para la seguridad de los vecinos, y muestra la continuidad de las políticas del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, orientadas a respetar la propiedad privada, ordenar el espacio público y devolver la tranquilidad a los barrios.
La operación, que se materializó con el sellado de accesos y la tapiadura de puertas y ventanas, forma parte de una batería de recuperaciones progresivas impulsadas por la administración para frenar la ola de ocupaciones y dar respuesta a denuncias vecinales.
Esta casa, conocida en el barrio como la de Alsina 2311, fue declarada recuperada número 573 dentro de un conjunto de inmuebles que ya han sido devueltos a sus dueños en los últimos años.
En palabras del propio mandatario, recogidas en redes oficiales, la ciudad no puede permitirse que se parezca a lo peor del conurbano: “Esta Ciudad tiene un estilo de vida que voy a cuidar y proteger.
Lo que sea ilegal no va conmigo; será difícil, será complejo, pero estoy dando esa batalla: en la Ciudad la propiedad privada se respeta.”
Entre las recuperaciones emblemáticas que se citan como antecedentes se encuentran edificios históricos como la Casa Blaquier en el Casco Histórico, el promontorio conocido como el Elefante Blanco en Belgrano (Olazábal al 3400), la Galería del Terror en Nueva Pompeya, la Casona de Costanera Sur y una porción del Mercado de Bonpland en Palermo.
La semana pasada, la Ciudad también recuperó en Tucumán al 1700, en San Nicolás, un inmueble de notable valor arquitectónico perteneciente al Conicet, donde, según informes oficiales, se hallaron banderas y panfletos de agrupaciones políticas, incluido un retrato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Asimismo, se desalojaron otros espacios ocupados: uno ubicado bajo la autopista Perito Moreno, en Parque Avellaneda, ocupado por una cooperativa de cartoneros, y un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) de Raúl Castells, donde funcionaba un campo de deportes con permisos vencidos hace más de una década.
El titular de la Ciudad afirmó que ya no habrá más tolerancia para las #usurpaciones y que se está volviendo a dar prioridad a la legalidad y al respeto por la propiedad privada
En ese marco, el titular de la Ciudad afirmó que ya no habrá más tolerancia para las usurpaciones y que se está volviendo a dar prioridad a la legalidad y al respeto por la propiedad privada.
Los dirigentes municipales señalan que estas medidas no solo desocupan espacios ocupados, sino que también buscan mejorar el entorno para los habitantes de los barrios, reducir ruidos y actuar frente a episodios de violencia.
Supuestamente, los vecinos venían denunciando ruidos molestos y actos de violencia vinculados a estas ocupaciones, lo que reforzó la decisión de avanzar con desalojos y clausuras.
En términos de valoración económica, no se han difundido costos oficiales de esta operación; supuestamente, si se mirara su valor de mercado, la magnitud del inmueble y su ubicación podrían estimarse en varios millones de euros.
Sin embargo, la Administración prefiere enfatizar la prioridad de la seguridad y la defensa de la propiedad privada por encima de cualquier cálculo monetario.
Tampoco se ha aclarado cuántos recursos se destinan a estas intervenciones en cada caso, pero sí se ha subrayado que se trata de una línea de acción sostenida y constante, con el objetivo de reducir la impunidad y devolver derechos a los propietarios.
La ciudad sostiene que estas recuperaciones envían un mensaje claro: la legalidad y el orden público son una prioridad prioritaria para la vida cotidiana de los vecinos, promoviendo un entorno más seguro para las familias y los comercios locales.
En ese marco, el Gobierno ha recordado que la política de recuperación de inmuebles busca, además, inspirar proyectos de convivencia y desarrollo urbano respetuoso de la normativa vigente, con un énfasis especial en la seguridad de las comunidades y la preservación del patrimonio urbano.
En palabras del Ejecutivo, se trata de “terminar la época de la resignación y la tibieza”, para que cada barrio recupere su ritmo y su dignidad frente a la ocupación irregular de espacios.