El Gobierno de Zaragoza ha presentado formalmente una petición para que la ciudad sea reconocida como 'zona severamente afectada por una emergencia de protección civil' por el Consejo de Ministros tras la violenta tormenta del pasado 6 de julio.

Según los informes de la municipalidad, se produjeron daños a la propiedad municipal por más de 2,5 millones de euros.

En tan solo una hora, la estación de la Aemet en Valdespartera acumuló 54,2 litros de precipitación por metro cuadrado en forma de lluvia y granizo, causando daños en una veintena de instalaciones municipales y costando más de un millón de euros en daños.

Esto no incluye los 950.000 euros en daños a parques y jardines o los 65.000 euros necesarios para reparaciones extraordinarias al sistema de semáforos.

Se informó de problemas en el Cuartel de La Paz de la Policía Local y en las instalaciones de la Ronda Hispanidad (Z-30), además de en la flota de vehículos policiales estacionados en estas áreas.

Entre los viales municipales más afectados estaban los de la urbanización Parque Venecia y Z-30; la Avenida Muralla de Santa Fe, y el Camino de Fuente de la Junquera y Camino del Alfaz.

Se estima que los costos de reparación y trabajo para estas áreas rondan los 525.000 euros.

Además de los daños causados en propiedades municipales, también se reportaron daños en propiedades privadas de empresas y personas.

Cepyme, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) han estimado daños cercanos a los 49 millones de euros.

Una vez que la solicitud de Zaragoza sea aprobada por el Consejo de Ministros, los afectados podrán recibir ayuda lo más pronto posible.

El gobierno asumirá la exención de impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para viviendas, establecimientos industriales y turísticos, explotaciones agrícolas y ganaderas, y lugares de trabajo.

En una reunión reciente, el Gobierno de Zaragoza acordó la prórroga del contrato de concesión administrativa para la gestión del servicio de autobús urbano de la ciudad, que se extenderá hasta el 31 de julio de 2027. Esto, además, está respaldado por informes jurídicos y económicos respecto de las inversiones en la actualización y electrificación de la flota de autobuses que está haciendo la concesionaria Avanza.

Se está realizando un esfuerzo inversor significativo para cumplir con esta ayuda europea, que será amortizado en cuatro años por el municipio.

Finalmente, el Gobierno también emitió la orden para impulsar la preparación de los nuevos contratos, además de desarrollar los estudios técnicos y económicos necesarios para licitar y adjudicar un nuevo contrato antes de que finalice el período de prórroga aprobado.