El Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de España una reunión urgente para abordar la situación de la atención humanitaria y la protección internacional de inmigrantes en la ciudad.

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El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado urgentemente una reunión con los representantes de la Delegación del Gobierno de España en Aragón para discutir y evaluar la política migratoria vigente, especialmente en lo que respecta al programa de atención humanitaria para aquellas personas que han llegado a las costas españolas, así como el programa de protección internacional relacionado con la ciudad.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha manifestado su preocupación por la falta de información y recursos que tiene el Consistorio ante lo que ella considera un 'descontrol migratorio' por parte del Gobierno central.

Según Orós, 'es tal el descontrol del Gobierno del PSOE que algunas entidades, después de tres meses, dejan a su suerte a las personas que deberían acoger y proteger, sin ofrecerles un itinerario que les brinde un futuro digno en España'.

Desde principios de año, tanto la Casa de las Culturas como el Albergue Municipal de Zaragoza han recibido un flujo constante de inmigrantes. Una vez que estas personas han cumplido su estancia de tres meses, muchas se han visto obligadas a pedir ayuda, encontrándose en situaciones vulnerables y sin recursos.

La situación se volvió crítica a finales de la semana pasada, cuando alrededor de cincuenta jóvenes originarios de Mali se presentaron en la Casa de las Culturas en busca de asistencia.

Algunos de ellos habían agotado su periodo de estancia y otros habían sido informados de que pronto tendrían que abandonar el hotel donde se alojaban.

Esta urgencia llevó a la consejera Orós a enviar una carta al delegado del Gobierno en Aragón, pidiendo explicaciones sobre una situación que, según ella, 'puede cronificarse'.

Orós advirtió que si no se toman medidas, la consecuencia podría ser 'inmigrantes sin recursos que malvivan en las calles o que se vean obligados a recurrir a mafias y a la economía sumergida'.

'Zaragoza demanda información y apoyo económico si debe asumir la responsabilidad de una asistencia social que el Gobierno de España ha dejado de proporcionar', enfatizó Orós.

A día de hoy, casi 1.500 inmigrantes en Zaragoza están bajo programas de atención humanitaria y protección internacional. Sin embargo, la consejera ha reconocido que 'no sabe lo que ocurre con ellos, ya que el Ministerio no proporciona información sobre si están siguiendo algún itinerario o simplemente están esperando ser abandonados a su suerte'.

'Pedimos que el Gobierno de Pedro Sánchez deje de mirar hacia otro lado y tome decisiones en materia de inmigración, porque en la actualidad esto se ha convertido en una fábrica de generar personas vulnerables', concluyó la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este problema no es nuevo; España ha enfrentado desafíos migratorios desde hace años, y Zaragoza, como muchas otras ciudades, ha sido un punto de llegada y acogida para miles de personas que buscan una vida mejor.

La historia de la inmigración en Zaragoza refleja la diversidad y la riqueza cultural de la ciudad, pero también pone de manifiesto la necesidad de políticas efectivas que garanticen el bienestar y la dignidad de todos sus habitantes.