El Gobierno de Zaragoza ha aprobado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la paralización del proyecto de La Romareda

El Gobierno de Zaragoza ha tomado la decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la paralización del proyecto de La Romareda.

Esta medida se ha tomado luego de conocer los informes de la Asesoría Jurídica Municipal y el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, que respaldan la apertura del proceso judicial en defensa de los intereses y el planteamiento del municipio.

El pasado 4 de julio, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) notificó al Ayuntamiento de Zaragoza que se estimaba el recurso especial presentado por el concejal de Podemos en el mandato anterior, Fernando Rivarés, contra el procedimiento de licitación del proyecto de La Romareda.

Esta resolución del organismo dependiente del Gobierno de Aragón declaró la nulidad del proceso de licitación municipal, permitiendo únicamente la interposición, en un plazo de dos meses, de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Posteriormente, tras los informes de los técnicos municipales, el Gobierno de la ciudad ha aprobado que la Asesoría Jurídica Municipal prepare y presente dicho recurso.

Según el portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano, esta iniciativa busca defender los derechos del mejor proyecto para construir un nuevo estadio de fútbol en la ciudad, el cual no implicaría costos para los ciudadanos y generaría beneficios económicos, laborales y de proyección exterior para Zaragoza.

Por otra parte, en el ámbito urbanístico, el Gobierno de Zaragoza también ha aprobado someter a información pública el proyecto de rehabilitación del edificio Celda del Prior en la Cartuja Baja.

Este proyecto, financiado por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), tiene como objetivo convertir el edificio en un centro social con participación vecinal e intergeneracional y en un albergue para peregrinos del Camino de Santiago.

Además, se han aprobado los pagos a distintos propietarios por la expropiación para la ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo en el área Pignatelli-Zamoray, así como la adjudicación de contratos para el suministro de prendas del vestuario del personal municipal.