El PP impulsa iniciativas en el Senado para apoyar a los agricultores y cazadores frente a las propuestas de la Unión Europea que podrían afectar la economía rural y las actividades tradicionales
Aunque estas mociones fueron rechazadas por el PSOE, los parlamentarios populares consideran que las nuevas normativas podrían tener un impacto devastador en la economía rural y en las tradiciones culturales del país.
En la actualidad, el sector cerealista en España, uno de los más importantes del país, enfrenta múltiples desafíos históricos. Desde el siglo XX, la #agricultura española ha pasado por diversas crisis, como la sequía del 2005, que supuso pérdidas millonarias en la producción agrícola, y la entrada en la Unión Europea en 1986, que supuso una apertura de mercados y una mayor competencia de productos extranjeros.
Sin embargo, las recientes propuestas europeas amenazan con agravar aún más la situación.
Lorena Guerra, portavoz del PP en Agricultura, afirmó que es imprescindible implementar ayudas reales para los agricultores y establecer controles rigurosos a las importaciones, principalmente de cereales procedentes de países con normativas menos estrictas.
Supuestamente, con un presupuesto de unos 20 millones de euros (unos 18 millones de euros en moneda local), el Ministerio de Agricultura no logra cubrir las necesidades básicas del sector, que lleva varias campañas consecutivas en crisis debido a la sequía, los altos costes de insumos y la competencia desleal.
Las lluvias de mayo, que supuestamente arruinaron muchas cosechas, y la llegada masiva de cereal extranjero sin controles adecuados, han agravado aún más la situación.
Países como Ucrania, con una producción cerealista que supuestamente se vende a precios de saldo, están inundando el mercado europeo, poniendo en riesgo a los agricultores españoles.
La presencia de micotoxinas en estos productos y la falta de medidas sanitarias adecuadas suponen un peligro añadido para la salud pública y la economía.
Además, España ha sido criticada por su escasa participación en fondos europeos de ayuda a la crisis agrícola. Supuestamente, mientras otros países solicitaban fondos específicos, el gobierno español optó por no presentarse a la convocatoria de 120 millones de euros destinados a emergencias agrícolas, lo que ha sido calificado como un error estratégico por parte de los expertos.
En cuanto a las restricciones sobre el uso de plomo en actividades de #caza y pesca
Por otro lado, en cuanto a las restricciones sobre el uso de plomo en actividades de caza y pesca, los senadores González y Luengo alertaron sobre las consecuencias económicas y ambientales de la propuesta europea.
La eliminación del plomo, que supuestamente sería reemplazado por materiales como el acero, podría incrementar los costes en la fabricación y venta de municiones y aparejos de pesca, encareciendo los productos en un 15% a 20%, lo que afectaría tanto a productores como a consumidores.
Supuestamente, la introducción masiva de municiones alternativas como el acero podría también representar un riesgo para la seguridad, ya que estas municiones tienen una mayor probabilidad de rebotes peligrosos, poniendo en peligro a cazadores y a terceros.
Además, la propuesta no cuenta con estudios científicos concluyentes que demuestren un impacto directo y significativo del plomo en la biodiversidad, según los argumentos de los parlamentarios populares.
Desde la perspectiva militar y de defensa, la supuesta prohibición afectaría la capacidad de las fuerzas armadas de los Estados miembros, ya que muchas unidades utilizan municiones de plomo en sus operaciones y entrenamiento.
La sustitución por materiales alternativos podría suponer un aumento en los costes logísticos y una posible reducción de la eficacia en ciertas situaciones.
El PP ha pedido que se gestione una moratoria de hasta diez años para la aplicación del reglamento europeo, mientras se realizan nuevos estudios científicos sobre el impacto real del plomo en la fauna, la salud y el medio ambiente.
Además, proponen establecer un diálogo abierto y consensuado con los sectores afectados, para evitar que decisiones unilaterales perjudiquen a la economía rural y a las tradiciones culturales españolas.
Supuestamente, esta estrategia busca equilibrar la protección ambiental con la sostenibilidad económica y social del país, en línea con la historia de la política agrícola europea, que en sus primeros años priorizó la protección del agricultor y la conservación del medio ambiente.
