El Grupo Popular en el Congreso presenta propuestas para financiar a los ayuntamientos con prisiones y reforzar la protección de la juventud en Madrid ante la criminalidad creciente.
La portavoz de Interior del GPP, Ana Vázquez, ha denunciado que los ayuntamientos que albergan centros penitenciarios enfrentan una situación económica muy difícil, ya que deben prestar servicios esenciales como el suministro de agua potable, la recogida de residuos y el mantenimiento de las vías de acceso sin recibir compensación alguna.
Supuestamente, los ayuntamientos no recaudan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los centros penitenciarios, ya que estos están exentos, pero aún así deben asumir gastos significativos relacionados con la infraestructura y servicios públicos en esas áreas.
Según la legislación vigente, en 2015, cuando Cataluña asumió la gestión de las prisiones, el gobierno central aprobó el Real Decreto 31/2015. Este decreto estableció dos tipos de compensación: la primera, la exención del pago del IBI, que se mantuvo, y la segunda, una compensación adicional por cada recluso para cubrir los costes asociados a la presencia de estos centros en las localidades.
Sin embargo, supuestamente, estas medidas no han sido suficientes ni se han aplicado en todos los casos, generando un impacto económico considerable en los recursos municipales.
Los populares exigen que el Estado implemente medidas complementarias y que dichas acciones estén reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Específicamente, piden que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local tenga la facultad de dictar resoluciones que faciliten las compensaciones a los ayuntamientos afectados, a solicitud de los interesados.
Ha puesto el foco en la creciente inseguridad juvenil en Madrid
Por otra parte, la diputada Mª Eugenia Carballedo, también del GPP, ha puesto el foco en la creciente inseguridad juvenil en Madrid. Supuestamente, la delincuencia juvenil ha aumentado en los últimos años, y el gobierno de la Comunidad, junto con el Ministerio del Interior, están siendo criticados por su gestión.
Carballedo ha reclamado una mayor implicación de los responsables en la protección de los jóvenes, instando a que el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno actúen con firmeza ante la actividad de bandas violentas.
La diputada ha señalado que la falta de efectivos policiales es uno de los principales problemas, ya que la mayoría de los agentes están destinados a tareas administrativas, escoltas o vigilancia de instituciones públicas, dejando en menor medida la vigilancia en las calles.
La labor de la Policía Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la lucha contra la delincuencia juvenil es clave, y presuntamente, la falta de recursos impide una actuación efectiva.
Finalmente, la representante del GPP, Isabel Borrego, ha denunciado que en algunas provincias de Madrid, la obtención del carnet de conducir puede retrasarse hasta seis meses, lo que afecta principalmente a los jóvenes y a las autoescuelas.
La causa principal sería la insuficiencia de examinadores y un sistema de gestión ineficiente. Borrego ha advertido que esta situación pone en riesgo la formación vial de los conductores y genera un sobrecoste para los estudiantes, quienes además deben desplazarse a otras provincias para poder realizar sus exámenes.
Supuestamente, la falta de cobertura de las plazas vacantes de examinadores y la saturación del sistema son responsables de estos retrasos, que han provocado molestias y un deterioro en la calidad del servicio.
La diputada ha pedido que se cubran las vacantes y se optimicen los procesos administrativos para evitar que los jóvenes tengan que afrontar costes adicionales y desplazamientos largos.
