En la sesión del Pleno de la Diputación de Valladolid celebrada el 26 de junio de 2026, se vivió un inicio sobrio pero intenso: se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela, un detalle que recuerda que los asuntos de la provincia no pueden aislarse de la realidad mundial.

Con este tono, la noticia que se llevó la atención fue el conjunto de medidas para modernizar la provincia y facilitar la vida diaria de los pueblos, manteniendo la mirada puesta en el crecimiento económico y la cohesión social.

El primer bloque de acuerdos gira en torno a la energía. El Pleno aprobó instar al Gobierno de España a reforzar con carácter prioritario la red eléctrica que cruza la provincia. El objetivo es claro: garantizar la potencia suficiente para atender la demanda actual y futura, sin cuellos de botella que limiten la llegada de nuevas empresas, la expansión de las ya instaladas y el desarrollo de suelo industrial o vivienda.

Entre las actuaciones previstas figuran la ampliación y modernización de líneas y subestaciones en varios municipios, de Medina del Campo a Renedo, pasando por otros enclaves clave de la provincia.

También se contempla la construcción de una nueva subestación en Becilla de Valderaduey que sirva de válvula de escape para la zona noroeste y sus áreas de influencia en Palencia, León y Zamora.

Y para rematar, se añade un refuerzo específico de las subestaciones de Mudarra y Tordesillas en 400 kilovoltios, asociado al proyecto de centros de datos de inteligencia artificial de Amazon Web Services, AWS, previsto en Valladolid y Palencia.

Todo ello, se comunicará al presidente del Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y al resto de instituciones implicadas, para su tramitación y ejecución.

Un segundo bloque recoge otra prioridad tecnológica y de previsión meteorológica: la instalación de estaciones meteorológicas conectadas a Internet en los municipios que se comprometan a mantenerlas al menos durante cuatro años.

Este acuerdo quiere convertir a la provincia en un mapa más riguroso de datos climáticos, útil para las emergencias, la agricultura y la planificación local.

En tercer lugar, se ha avanzado en materia de derechos. El Pleno aprobó, de forma parcial y con el marco de una propuesta del Grupo TLP, fortalecer la defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+. Entre las medidas, se reafirma el compromiso de la Diputación contra toda forma de discriminación, se reconoce el Día del Orgullo LGTBIQA+ como una jornada de memoria y lucha, y se prevén acciones de sensibilización y formación para el personal de la Diputación y para los CEAS.

Asimismo, se prevé apoyar a asociaciones y colectivos LGTBIQA+ y se pide impulsar en las Cortes de Castilla y León la tramitación de una Ley Integral de Igualdad y No Discriminación para estos colectivos, para que la provincia pueda avanzar en políticas públicas más justas y eficaces.

Entre otros asuntos, el Pleno aprobó bases para la convocatoria de ayudas a municipios con menos de 1.000 habitantes, dentro del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León 2026, con una inversión total de 1.384.166,66 euros. También se dio luz verde al convenio con el Arzobispado para la conservación y reparación de iglesias y ermitas en 2026 y 2027, con una aportación de 1.250.000 euros. En la misma línea de impulso al mundo rural, se aprobó el convenio de colaboración con los 33 ayuntamientos que forman parte del programa Crecemos, orientado a facilitar la conciliación de vida familiar y laboral en el ámbito rural.

Según el convenio, cada unidad recibe 33.800,28 euros, lo que lleva a que municipios como Viana de Cega vean una inversión de más de 67.000 euros cuando cuentan con dos unidades. En total, el acuerdo del programa supone un gasto de 1.149.209,52 euros. Por último, el Pleno aprobó la concesión de 246.347,53 euros en subvenciones a 55 municipios para la instalación permanente o temporal de oficinas de turismo, reforzando así la capacidad de los pueblos para atraer visitantes y generar empleo local.

Con estas decisiones, la Diputación de Valladolid pretende no solo atajar carencias evidentes en infraestructuras clave, sino también sentar las bases para un desarrollo más equilibrado entre la ciudad y el mundo rural, donde la población pide servicios, seguridad, empleo y un marco normativo claro para avanzar.

Históricamente, la provincia ha sido un laboratorio de política de proximidad: inversiones en energía, apoyo a entidades y herramientas para la gestión local han sido constantes en los últimos años, y este pleno parece seguir esa senda, con un tupido conjunto de medidas que buscan responder a la demanda de mejora continua de los pueblos.