La alcaldesa de València anuncia una actualización del Plan + Vivienda que extiende la prioridad de acceso al alquiler asequible hasta los 45 años, activa la Agencia Municipal de Alquiler y propone medidas para ampliar la oferta, reducir precios y aprovechar suelo urbano ocioso.
València quiere cambiar las reglas del juego en vivienda asequible. La alcaldesa de València, María José Catalá, presentó la actualización del Plan + Vivienda y anunció la creación de la Agencia Municipal de Alquiler, una entidad destinada a garantizar el cobro del alquiler a los propietarios a cambio de precios un 20% por debajo de las tarifas de mercado.
Este enfoque pretende acelerar la llegada de viviendas a precio razonable para la ciudadanía en un contexto de demanda creciente.
El primer eje de la iniciativa es aumentar la oferta de vivienda asequible para la población. En consecuencia, se ampliará hasta los 45 años el acceso prioritario a las viviendas de alquiler para quienes acrediten arraigo en la ciudad, y se reforzarán las herramientas administrativas para facilitar la inscripción de nuevos demandantes.
Asimismo, se introducirá un nuevo requisito de arraigo de 7 años de empadronamiento para optar a estas viviendas, con el objetivo de premiar a quienes ya han construido su proyecto vital en València.
El segundo eje se centra en bajar los precios mediante la ampliación de la oferta y la movilidad de suelo urbano. Se prevé activar una parte de los 500.000 m² de solares de uso educativo que, tras años de inactividad o excedentes, pueden transformarse en vivienda dotacional integrada en la trama urbana.
También se firmarán convenios con el sector privado para reservar un cupo de Viviendas de Protección Pública de promoción privada para el registro municipal de demandantes.
También se considera convertir bajos turísticos en viviendas cuando cumplan condiciones de habitabilidad, lo que podría sumar miles de hogares sin consumir nuevo suelo.
El tercer eje se refiere a reformas normativas para adaptar el Plan General de Ordenación Urbana a una ciudad del siglo XXI y lograr un incremento de la oferta.
Entre las medidas está aumentar la densidad residencial de 75 a 140 viviendas por hectárea y facilitar la segregación y división de viviendas de grandes dimensiones con múltiples accesos.
Se persigue, además, una mayor conversión de bienes existentes para uso residencial, con el objetivo de generar nuevas viviendas sin ocupar suelo adicional.
También se contempla una vía para reconvertir bajos turísticos en viviendas, lo que podría sumar aproximadamente 2.000 hogares al parque de vivienda.
Balance de la gestión: en dos años y medio, el gobierno local ha puesto en marcha 446 viviendas públicas, de las que 150 eran ya construidas, 273 adquiridas y 23 rehabilitaciones.
En la actualidad, hay 1.000 viviendas en construcción. La inversión en vivienda se ha multiplicado por 11 con respecto a mandatos anteriores, y el parque público municipal se ha multiplicado por 32, con la adjudicación de viviendas de alquiler que se ha cuadruplicado.
También se han activado 18 PAI para movilizar suelo que permitirá generar 13.000 nuevas viviendas. El objetivo no es sólo construir sino emplear todas las herramientas disponibles para colocar más viviendas en el mercado. En palabras de la alcaldesa, València está pasando de no hacer nada a estar en plena fase de construcción de vivienda pública, con seguridad jurídica y inversiones.
Perspectivas y contexto histórico: historiadores y analistas señalan que València ha atravesado distintas fases de políticas de vivienda asequible en las últimas décadas, con un impulso reciente para reducir la dependencia de alquiler y aumentar la oferta pública.
Los votantes y vecinos muestran esperanzas, aunque también advierten de la necesidad de coordinación con la Generalitat y el sector privado. En el plano económico, supuestamente algunas iniciativas podrían necesitar financiación adicional y plazos de ejecución que dependen de permisos y acuerdos entre administraciones.
Por último, supuestamente, si la tarifa de mercado típica fuera de 900 euros mensuales, el alquiler podría situarse en 720 euros gracias al esquema de precios un 20% por debajo del mercado que acompaña a la Agencia.
Este tipo de ejemplos ayuda a ilustrar el alcance de la reforma, aunque las cifras concretas dependerán de la evolución de cada caso y de las decisiones de las partes implicadas.
Ese final intenta dar contexto y no se debe percibir como una cifra definitiva, sino como una guía de posibles escenarios.