València ha puesto sobre la mesa una normativa para los apartamentos turísticos que, según el Ayuntamiento, es una de las más restrictivas de España.

El objetivo es claro: ordenar el uso turístico, proteger la vivienda de los vecinos y evitar que el negocio del alquiler turístico se coma por completo la oferta de vivienda en la ciudad.

La propuesta se ha presentado a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAAVV), en un encuentro donde participaron el concejal de Urbanismo, Juan Giner, y la concejala de Patrimonio y Recursos Humanos, Julia Climent, y donde se insistió en que la mayor parte de las ideas vecinales ya estaban recogidas en el texto final que el Pleno debe aprobar este mes.

La norma que ahora se somete a votación establece tres umbrales de protección que operan de forma acumulativa en todos los barrios, distritos y manzanas de València, con la excepción de Ciutat Vella, que mantiene su propio plan especial.

Es decir, a partir de la aprobación, la ciudad queda sujeta a límites claros para frenar la saturación turística y preservar la convivencia vecinal.

En concreto, la regulación fija que el conjunto de plazas turísticas, de cualquier tipo, no puede superar el 8% de la población empadronada en cada barrio o distrito.

Además, solo pueden destinarse hasta un 2% de las viviendas de cada barrio o distrito a uso turístico. Por último, se restringe la presencia de alojamientos turísticos en las plantas bajas de cada manzana al 15% de la oferta total. Estos tres límites deben cumplirse a la vez para que se pueda abrir o mantener un nuevo establecimiento turístico.

Otra de las ideas centrales es que los apartamentos turísticos solo pueden ubicarse en planta baja o primera planta, y siempre con acceso independiente desde la vía pública, separado del de las viviendas vecinas.

Además, para poder abrir, debe haber autorización de tres quintos de la comunidad de propietarios. En palabras del concejal Giner, cumplir estas condiciones “a la vez” convierte en misión casi imposible la apertura de nuevos alojamientos turísticos, lo que, según él, protege la vivienda de uso residencial y favorece la convivencia entre vecinos.

La futura normativa incluye también la creación del Censo de Alojamientos Turísticos del Ayuntamiento de Valencia (CATAV), de acceso público a través de la web municipal.

Este registro formará parte de un plan de inspecciones específico para garantizar el cumplimiento de las condiciones y, en su caso, clausurar los establecimientos sin título habilitante municipal.

Con la aprobación definitiva, la moratoria para la concesión de nuevas licencias quedará suspendida, sustituyéndola por este nuevo marco regulatorio.

La letra pequeña recoge la posibilidad de revisar y adaptar el régimen a través de una Disposición Transitoria Undécima. En esa medida, se abre un plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma para facilitar la conversión de apartamentos turísticos en viviendas residenciales, con cuatro supuestos de acogida y condiciones más flexibles que las exigidas en el régimen general.

Esto representa, a juicio del Ayuntamiento, una vía para reconducir parte de la oferta turística hacia el barrio residencial sin dejar de lado las necesidades de vivienda de la ciudad.

Sin embargo, hay límites claros en lo que el Ejecutivo local puede hacer. Las propuestas más restrictivas que llegaron desde la oposición, como una prohibición absoluta de cualquier compatibilidad entre uso residencial y turismo, o la caducidad y prohibición de transmisión de licencias existentes, no prosperaron.

El concejal Giner recordó que esas medidas habrían podido vulnerar la Directiva europea de Servicios (2006/123/CE) y la Ley de Unidad de Mercado, que exigen que cualquier restricción sea necesaria, proporcionada y no discriminatoria.

En su visión, “una norma que no supera el test de proporcionalidad” sería susceptible de recurso y anulación. Por eso, dicen, se buscan estándares que funcionen y que los tribunales sostengan.

Entre las cifras que acompañan la proyecto, destacan tres límites de protección acumulativos que se aplican de forma simultánea. El primero fija un techo del 8% de plazas turísticas por barrio o distrito respecto a la población empadronada. El segundo, un tope del 2% de viviendas del mismo ámbito para uso turístico. Y el tercero protege el comercio local al limitar al 15% la presencia de alojamientos turísticos en las plantas bajas de cada manzana. En todos estos casos, la ubicación física de los apartamentos turísticos debe situarse en planta baja o primera planta y, además, deben contar con un acceso independiente para los usuarios y la aprobación de la comunidad de propietarios.

El edil no ocultó que cumplir las cuatro condiciones a la vez hace prácticamente inviable abrir nuevos alojamientos turísticos, algo que, a su juicio, protege la vivienda de uso residencial y favorece la convivencia.

Ciutat Vella queda fuera de estas reglas porque ya cuenta con su propia regulación específica. En el resto de la ciudad, la regulación se aplicará una vez aprobada por el Pleno, y el CATAV será accesible para cualquier persona interesada. El objetivo último, según el Ayuntamiento, es equilibrar el turismo con la vida diaria de los vecinos y evitar que la vivienda se convierta en un negocio sin control.

La normativa está diseñada para responder a un fenómeno que no es nuevo en València: el crecimiento del turismo de alquiler temporal y su impacto en el precio y la disponibilidad de vivienda para residentes.

En los últimos años, la ciudad ha experimentado un incremento de pisos y bloques dedicados al turismo, con la consiguiente presión en servicios y en la convivencia vecinal.

Las autoridades han intentado, con estas medidas, recuperar un marco de uso razonable de la vivienda, sin prohibir por completo una actividad que genera empleo y actividad económica, pero sí limitándola para que no supere la capacidad de la ciudad para sostenerla sin perjudicar a las familias que necesitan un hogar estable.

Con todo, la aprobación definitiva de la norma dependerá del voto del Pleno municipal, que debe decidir si este texto se convierte en la guía que regirá la gestión de los alojamientos turísticos en València durante los próximos años.

Mientras tanto, los vecinos esperan que la nueva regulación aporte seguridad jurídica a la convivencia diaria, reduzca la presión de alquiler en determinadas zonas y mantenga la ciudad atractiva para residentes y visitantes, sin perder su carácter de barrio y de vida comunitaria.