La Junta de Gobierno de València ha aprobado en su sesión del pasado viernes un importante proyecto de reforma normativa que busca modernizar el sistema de licencias urbanísticas y de actividades en la ciudad.

La nueva ordenanza, denominada oficialmente ‘Ordenanza reguladora de licencias urbanísticas y de actividades y otros títulos habilitantes del Ayuntamiento de València’, pretende sustituir la normativa vigente desde 2012, que ya acumula una serie de cambios legislativos a nivel nacional y autonómico.

Supuestamente, esta actualización responde a la necesidad de reducir los tiempos de tramitación y facilitar la concesión de permisos para obras y actividades en la ciudad, en un momento en que València se posiciona como uno de los epicentros económicos y culturales del sureste español.

La iniciativa forma parte de un plan de choque impulsado por la alcaldesa María José Catalá, con el objetivo de desatascar procesos y promover un desarrollo urbano más dinámico.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, resaltó que “la revisión de esta normativa era uno de los compromisos adquiridos en el plan de choque para desbloquear las licencias de edificación, actividades y comercio”.

Según sus palabras, la nueva ordenanza será una herramienta más ágil y transparente, con reglas claras que unificarán y simplificarán los procedimientos administrativos.

Esto permitirá que los ciudadanos y empresas puedan obtener sus permisos en menor tiempo, favoreciendo así la reactivación del sector económico.

Supuestamente, en los últimos dos años, la administración local ha logrado reducir en más del 50% los plazos de concesión de licencias, pero todavía hay margen de mejora.

La revisión de la normativa facilitará una gestión más eficiente y responderá a las demandas de una ciudad en constante crecimiento. Además, el nuevo marco normativo potenciará la utilización de medios electrónicos para la tramitación, lo que reducirá burocracia y optimizará los recursos municipales.

Este cambio normativo también tiene un impacto positivo en términos económicos y de generación de empleo. La administración confía en que una gestión más ágil incentivará la inversión privada y facilitará la apertura de nuevos negocios, contribuyendo así a la recuperación económica de la ciudad.

La historia de la normativa en vigor data de 2012, hace más de una década, en un momento en que la economía española aún se recuperaba tras la crisis financiera global.

Supuestamente, la intención del Ayuntamiento es además mejorar la relación con la ciudadanía, simplificando trámites y aumentando la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos.

La digitalización de los procesos permitirá un funcionamiento más eficiente y transparente, alineándose con las tendencias europeas en administración pública digital.

La apuesta por una gestión moderna y efectiva responde a la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos, y a la vez, potenciar el crecimiento sostenible de València en los próximos años.