El pasado día, la gobernadora Kathy Hochul expresó su profunda preocupación ante la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) de reducir drásticamente los fondos destinados a la lucha antiterrorista en Nueva York.

Supuestamente, en un movimiento sin precedentes, la asignación de recursos para la protección y seguridad del estado se redujo en un 86%, pasando de aproximadamente 44 millones de euros en 2024 a apenas 5.8 millones de euros en 2025. Esta reducción, que equivale a unos 38 millones de euros, afecta a múltiples agencias y programas fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana.

Es importante recordar que Nueva York ha sido considerada, desde hace décadas, uno de los principales objetivos del terrorismo internacional. La historia de la ciudad está marcada por eventos trágicos, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, que transformaron su enfoque en materia de seguridad y protección.

Desde entonces, se han invertido miles de millones de dólares en programas de vigilancia, inteligencia y preparación ante amenazas terroristas. La reducción actual, presuntamente motivada por decisiones políticas y presupuestarias del gobierno federal, pone en riesgo estos avances.

Según fuentes oficiales, la disminución en fondos afectará particularmente al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que podría enfrentar una caída de aproximadamente 24 millones de euros en su presupuesto destinado a operaciones antiterroristas, incluyendo análisis de inteligencia y unidades especializadas.

Además, se prevé una pérdida de unos 13 millones de euros para el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY), lo que impactará en la interoperabilidad de las comunicaciones y en la respuesta radiológica ante posibles amenazas.

Por otro lado, programas como la Fuerza de Tarea Conjunta Empire Shield, que coordina la presencia de la Guardia Nacional en puntos estratégicos de tránsito y transporte, recibirán una financiación sustancialmente menor, lo que podría reducir su capacidad operativa.

Lo más alarmante es que no se proyecta ningún fondo para las 12 escuadras de bombas certificadas en el estado, una medida que, según expertos, podría dejar sin recursos a unidades clave en la detección y desactivación de artefactos explosivos.

Supuestamente, estos recortes forman parte de una política del gobierno federal que prioriza otros intereses, dejando de lado la seguridad de una de las ciudades más importantes del mundo.

La financiación, que en años anteriores superaba los 156 millones de euros en UASI (Iniciativa de Seguridad de Áreas Urbanas), se vio reducida a solo 4.5 millones de euros, afectando a varias jurisdicciones, incluyendo condados como Nassau, Suffolk, Westchester y la propia ciudad de Nueva York.

El impacto de estos recortes no solo se refleja en la reducción del equipamiento y la capacitación de los agentes, sino también en la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes.

La disminución en fondos para ejercicios de preparación y programas de inteligencia podría facilitar que actores terroristas operen con mayor impunidad.

Mientras tanto, líderes políticos y autoridades locales han reaccionado con preocupación. La gobernadora Hochul ha anunciado que, en colaboración con la fiscal general Letitia James y otros aliados, se sumarán a coaliciones legales para desafiar estas decisiones en los tribunales, alegando que violan derechos constitucionales y comprometen la seguridad pública.

Además, han solicitado una mayor transparencia y explicaciones por parte del DHS respecto a los motivos de estos recortes.

Históricamente, NY ha invertido en la creación de una de las redes de seguridad más robustas del país, con unidades especializadas en desactivación de bombas, análisis de amenazas y protección en eventos masivos.

La reducción de fondos, presuntamente motivada por cambios en las prioridades presupuestarias del gobierno federal, amenaza con dejar a la ciudad vulnerable ante futuras amenazas.

Expertos en seguridad advierten que estos recortes podrían tener consecuencias graves, no solo para la protección de la infraestructura crítica, sino también para la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de salvaguardar su integridad.

La comunidad internacional observa con atención cómo Estados Unidos, y en particular Nueva York, enfrenta estos desafíos en un momento donde la amenaza terrorista sigue siendo una de las principales preocupaciones globales.