El estado de Nueva York y otros 11 estados presentan una demanda contra las tarifas impuestas por la administración Trump, que aumentan los costos y generan incertidumbre económica. La acusación sostiene que estas tarifas, basadas en una ley que nunca fue diseñada para este uso, violan la ley y perjudican a los consumidores y empresas locales.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto con la Fiscal General del estado, Letitia James, anunciaron hoy que Nueva York, en colaboración con otros 11 estados, ha interpuesto una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump por la imposición ilegal de tasas impositivas sin precedentes en forma de aranceles, bajo la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Esta acción legal busca frenar una serie de tarifas que, desde febrero, Trump ha impuesto unilateralmente sobre importaciones de casi todos los países del mundo, incluyendo aliados cercanos de EE.
UU.
Los aranceles, que en su momento se justificaron como medidas de protección económica, han provocado un impacto económico severo. Se estima que estos gravámenes han encarecido bienes esenciales como componentes electrónicos, materiales de construcción y energía, afectando tanto a consumidores como a pequeñas empresas.
La demanda sostiene que el Congreso no le otorgó al presidente la autoridad para imponer tales tarifas y que, por tanto, estas acciones violan la ley, ya que fueron dictadas mediante órdenes ejecutivas, publicaciones en redes sociales y decisiones administrativas sin respaldo legal.
La demanda, presentada en la Corte de Comercio Internacional de EE. UU., argumenta que los aranceles bajo la ley IEEPA no estaban diseñados para permitirse en un contexto tan amplio y global, especialmente sin la aprobación del Congreso.
Además, los abogados de la coalición señalan que la administración Trump ha excedido sus competencias, violando la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo.
La acción busca que se emita una orden judicial que declare ilegales dichos aranceles y que se ordene su cese inmediato.
Desde que Trump empezó a imponer estas tarifas, las consecuencias económicas han sido palpables. Se calcula que los costos adicionales han elevado en miles de euros anuales el gasto familiar medio, y un informe reciente de la Oficina del Contralor de Nueva York estima que incluso una recesión moderada provocada por estos gravámenes podría resultar en la pérdida de más de 30,000 empleos solo en la ciudad de Nueva York.
Además, los costos adicionales que enfrentan las agencias estatales y las empresas locales superan los 90 millones de euros en gastos extras. La situación se agrava aún más con la imposición de tarifas retaliatorias por parte de Canadá sobre la electricidad que Nueva York importa, lo que podría disparar las facturas de energía de los hogares y negocios.
La pequeña empresa en sectores como la construcción y la manufactura ya están sufriendo por la incertidumbre y los precios elevados.
Históricamente, las tarifas han sido una herramienta controvertida. Desde la Ley de Poderes Económicos de Emergencia en 1977, ningún presidente había utilizado esta ley para imponer aranceles de forma tan extensa y global.
La coalición legal argumenta que estas acciones no solo carecen de fundamento legal, sino que también violan principios constitucionales y procedimientos administrativos.
El grupo de fiscalías estatales que acompaña a Nueva York en esta demanda incluye a los fiscales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón y Vermont.
La gobernadora Hochul ha mantenido contacto con líderes federales y expertos económicos, y ha escuchado a empresarios y asociaciones comerciales, quienes advierten que estas tarifas están causando daños irreparables a la economía local.
En un contexto histórico, las tarifas han sido utilizadas en ocasiones anteriores como herramientas de política exterior o protección económica, pero su uso indiscriminado y sin respaldo legal ha provocado crisis económicas en el pasado, como en la Gran Depresión, cuando las políticas proteccionistas agravaron la recesión.
Con esta acción legal, Nueva York busca poner fin a una política que, según los expertos, puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo, no solo para el estado, sino para toda la economía estadounidense.
La demanda pretende que se declare ilegal la imposición de estos aranceles y que se restrinja su aplicación en el futuro, protegiendo así a los consumidores, las empresas y la economía estadounidense en general.