La reciente decisión del gobierno de Ontario de cancelar su contrato con Starlink ha generado una gran preocupación entre los defensores de los derechos indígenas y los servicios legales en el norte de la provincia.

Este anuncio se produjo el mes pasado cuando el Primer Ministro Doug Ford reveló la ruptura de un acuerdo valorado en 91 millones de euros (100 millones de dólares canadienses) con la empresa de Elon Musk, una medida que se considera parte de la guerra comercial en curso entre Canadá y Estados Unidos.

El programa Starlink-Navigator, que era administrado por la Corporación de Servicios Legales Nishnawbe-Aski (NALSC), brindaba acceso a la corte de manera virtual para las comunidades que, en muchos casos, carecían de una conexión a internet adecuada.

No obstante, con la cancelación del contrato, se prevé un impacto significativo sobre el acceso a la justicia para muchas personas en las 49 Primeras Naciones que conforman el territorio de la Nación Nishnawbe Aski.

Este programa permitía a entre cinco y 80 personas por sesión asistir a audiencias en línea en un total de 29 localidades judiciales, lo que representaba una oportunidad invaluable para aquellos que no podían trasladarse a los juzgados debido a la falta de infraestructura adecuada o por su situación geográfica.

Sin embargo, la falta de financiamiento del programa obliga a los miembros de la comunidad a encontrar sus propios medios para asistir a las sesiones judiciales a través de otras plataformas como Zoom, un desafío significativo considerando que muchas de estas comunidades no tienen acceso estable a internet.

Los representantes de NALSC han expresado su preocupación, indicando que la eliminación de este programa provocará un aumento en los costos para administrar procesos legales.

La ausencia de un sistema que facilite la participación virtual en los juicios podría generar atrasos significativos en los procesos judiciales, afectando no solo a los acusados, sino también a las víctimas que dependen del sistema legal para recibir justicia.

Daniel Cox, miembro de la Primera Nación Fort William y lecturer en la Facultad de Derecho Bora Laskin, ha calificado la suspensión del programa como un grave retroceso en el acceso a la justicia.

Cox anotó que la medida podría llevar a una mayor sobrecarga del sistema judicial existente, que ya enfrenta serios desafíos debido a la escasez de abogados dispuestos a trabajar en las comunidades del norte.

"Estamos enfrentando un escenario en el que cada vez hay menos abogados capaces de atender a estos clientes", advirtió.

Las estadísticas son contundentes: aunque las personas indígenas representan aproximadamente el cinco por ciento de la población canadiense, constituyen el 32 por ciento de la población en custodia federal, y la mitad de las mujeres encarceladas a nivel federal son indígenas.

Esta disparidad ha creado un ciclo preocupante de encarcelamiento, y muchos temen que la reducción del acceso virtual a los tribunales solo exacerbe la situación.

Francine McKenzie, estudiante de derecho y miembro de la Primera Nación Muskrat Dam, también ha expresado su preocupación por esta decisión. McKenzie enfatiza la importancia de utilizar la tecnología para mejorar el acceso a la justicia en las comunidades indígenas, una necesidad crítica que ha crecido durante la pandemia.

Ella subraya que así como la telemedicina ha revolucionado el acceso a la salud en áreas remotas, el acceso virtual a los servicios legales es igual de urgente.

Frente a este panorama sombrío, algunos abogan por encontrar alternativas locales y fomentar la inversión en infraestructuras digitales que puedan ofrecer una solución sostenible a largo plazo.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre cómo las comunidades afectadas podrán enfrentar estos nuevos retos en un contexto donde la justicia debería ser accesible para todos.