El pasado jueves, las acciones de One 97 Communications, empresa matriz de Paytm, sufrieron una caída de hasta un 10 por ciento en la Bolsa de Valores de Bombay, alcanzando un mínimo de Rs 864.20 (unos 10,500 euros). Aunque durante la jornada bursátil lograron recuperarse parcialmente y cerraron en Rs 906.75 (aproximadamente 11,000 euros), la caída inicial generó preocupación en los inversores y analistas del mercado financiero indio. La fuerte bajada ocurrió en medio de rumores que señalaban que el gobierno de la India podría volver a implementar una tarifa por procesamiento de pagos digitales conocida como MDR (Merchant Discount Rate) en transacciones mediante UPI, un sistema de pagos instantáneos muy popular en el país.

Actualmente, la tarifa MDR ha sido exenta en las transacciones UPI para promover la digitalización y facilitar el acceso a los pagos electrónicos. Sin embargo, algunos medios informaron que el Ministerio de Finanzas estaría considerando reintroducir esta tarifa en operaciones de alto valor, lo que generó alarma en el mercado, dado que Paytm y otros proveedores de servicios de pago temen que esto pueda afectar el crecimiento y la adopción de las plataformas digitales.

El Ministerio de Finanzas rápidamente negó estos rumores a través de un comunicado oficial, calificando las informaciones como “infundadas y sensacionalistas”.

La autoridad afirmó que tales rumores solo generan miedo y confusión entre los usuarios y los comerciantes, y que no existe ninguna intención de modificar las políticas actuales respecto a las tarifas en las transacciones UPI.

La desmentida oficial buscó calmar los ánimos del mercado y reforzar la confianza en el sistema de pagos digital que, en los últimos años, ha experimentado un crecimiento exponencial.

Es importante recordar que en marzo pasado, el Consejo de Pagos de la India, que representa a las principales empresas del sector, envió una carta al primer ministro Narendra Modi solicitando que el gobierno reconsiderara la reintroducción de la tarifa MDR en transacciones mediante UPI y tarjetas débito RuPay.

La propuesta sugería una tarifa del 0,3 por ciento para grandes comercios y una pequeña comisión para todas las transacciones con tarjetas RuPay. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión formal al respecto.

El sistema de pagos digitales en India ha registrado un crecimiento vertiginoso en los últimos años. En mayo, UPI alcanzó un nuevo récord al procesar 18,68 mil millones de transacciones por un valor total de Rs 25,14 lakh crore (unos 290 mil millones de euros), superando ampliamente los resultados del mes anterior y representando un aumento del 33 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Estos números reflejan la rápida adopción de los pagos digitales en un país con más de 1.400 millones de habitantes, donde las plataformas como PhonePe y Google Pay dominan el mercado con más del 80 por ciento de la cuota.

Históricamente, India ha sido un referente en la implementación de soluciones digitales para pagos, impulsada por políticas gubernamentales que buscan reducir el uso de efectivo y promover una economía más formal y transparente.

La introducción de UPI en 2016, bajo la supervisión del Banco de la Reserva de la India, ha sido un paso clave en ese proceso, logrando que millones de indios puedan realizar transacciones de manera rápida y segura.

La preocupación actual por posibles cambios en las tarifas responde en parte a la necesidad de equilibrar la promoción del uso de pagos digitales con la sostenibilidad del ecosistema financiero, que requiere inversiones en infraestructura y seguridad.

En conclusión, aunque por ahora no existen cambios oficiales en las políticas de tarifas, la incertidumbre generada por los rumores ha puesto en evidencia la importancia de una regulación clara y estable en el sector de las finanzas digitales en India.

La confianza de los usuarios y la estabilidad del mercado dependen en gran medida de la comunicación efectiva entre las autoridades y las empresas del sector.

La tendencia apunta a un crecimiento sostenido de las plataformas de pago, pero también a la necesidad de una regulación que asegure un equilibrio justo entre los intereses de los consumidores, las empresas y el gobierno.