La guerra entre el Gobierno de India y los gigantes tecnológicos acaba de dar un nuevo capítulo. Meta, la empresa que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, se ha visto obligada a dar explicaciones después de eliminar ‘por error’ un vídeo del primer ministro Narendra Modi.

Pero el Gobierno indio no se ha tragado el cuento y ha citado al máximo responsable de políticas de la compañía. ¿El motivo? Consideran que la excusa del ‘fallo automático’ es, como mínimo, irrazonable.

El vídeo en cuestión, de tres minutos de duración, fue publicado el pasado 23 de julio. En él, Modi se dirigía a los jóvenes indios, preocupados por las continuas filtraciones de exámenes que han salpicado al sistema educativo. El primer ministro prometía medidas contundentes, como la creación de tribunales especiales y una nueva ley contra las filtraciones. Sin embargo, el martes por la mañana, los usuarios que intentaban ver el vídeo se encontraban con un mensaje de que el contenido había sido restringido en India.

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) contactó de inmediato con Meta. La empresa, presionada, restauró el vídeo y emitió un comunicado disculpándose y achacando el borrado a un ‘error técnico de los sistemas automáticos de moderación’.

Pero en el Gobierno indio no se lo creen. Fuentes oficiales aseguran que la explicación es ‘insuficiente’ y que el asunto ‘dista mucho de estar cerrado’.

No es la primera vez que una gran tecnológica censura a un líder conservador. Recordemos casos como el de Donald Trump, a quien Twitter y Facebook bloquearon sus cuentas durante su mandato. O más recientemente, la eliminación de vídeos de políticos de derechas en varios países. En España, también hemos visto cómo plataformas como YouTube han retirado contenido de Vox o de youtubers críticos con el Gobierno, alegando ‘desinformación’.

Muchos ven en estas acciones un sesgo ideológico por parte de las empresas tecnológicas, mayoritariamente controladas por directivos de izquierdas.

Pero el caso de India es especialmente grave. India es la democracia más grande del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. Narendra Modi es un líder enormemente popular, reelegido en 2024. Que una empresa extranjera se atreva a silenciar a un jefe de Estado es un atrevimiento inaudito. Por eso, el Gobierno indio ha decidido plantar cara. Han convocado a Joel Kaplan, vicepresidente de políticas globales de Meta, para que dé explicaciones en persona. Y no descartan tomar medidas más severas si no obtienen respuestas satisfactorias.

El problema de fondo es la opacidad de los sistemas de moderación de contenido. Meta utiliza algoritmos para detectar supuestas infracciones, pero estos algoritmos fallan con frecuencia. Cuando el error afecta a un usuario normal, ya es molesto. Pero cuando se trata del primer ministro, la cosa cambia. ¿Cómo es posible que un vídeo institucional, que no contenía nada ilegal, sea bloqueado? Desde el Gobierno indio sospechan que podría tratarse de un error, pero también de un acto de censura política encubierta.

Además, el contexto es delicado. El vídeo de Modi trataba sobre las filtraciones de exámenes, un tema que ha provocado protestas masivas en todo el país. El escándalo del NEET-UG (el examen de acceso a medicina) ha hecho que miles de estudiantes salgan a la calle. Modi prometió mano dura y justicia rápida. Precisamente entonces, su mensaje es eliminado. ¿Coincidencia? Para muchos, no.

La reunión entre el MeitY y los directivos de Meta será clave. El Gobierno indio quiere saber exactamente qué pasó y exige que Meta revise sus protocolos para que esto no vuelva a ocurrir. También se espera que el ejecutivo de Meta ofrezca una disculpa formal. Pero la desconfianza está servida. Mientras tanto, en las redes sociales, los seguidores de Modi claman por una mayor regulación de las plataformas digitales.

En resumen, el pulso entre el Gobierno indio y Meta no ha hecho más que empezar. Lo que parece claro es que la era de la impunidad para las grandes tecnológicas se está acabando. La libertad de expresión no puede depender del capricho de unos algoritmos opacos. Y si hace falta, los Estados deben defenderla con uñas y dientes.