El Ayuntamiento de Santander se prepara para implementar una nueva tasa de gestión de residuos que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

La medida, que será aprobada en la próxima Junta de Gobierno Local, busca cumplir con las nuevas exigencias legales establecidas por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impulsada por el Gobierno central para asegurar una financiación más justa y sostenible del servicio.

Durante la presentación de la iniciativa, la alcaldesa Gema Igual, acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y el concejal de Economía, Javier García Ruiz, explicaron que la normativa estatal ya no permite que los municipios decidan de manera autónoma cómo financiar la recogida, transporte y tratamiento de residuos.

En su lugar, obliga a implementar un tributo específico que refleje los costes reales del servicio. Para diseñar una tasa que se ajuste a las particularidades de Santander, el Ayuntamiento encargó un estudio técnico a la Universidad de Cantabria, cuyo resultado ha sido un modelo que diferencia entre usos residenciales y no residenciales, aplicando tarifas progresivas según la capacidad y actividad de cada usuario.

Asimismo, la nueva tasa contempla bonificaciones sociales para colectivos en situación de vulnerabilidad, así como incentivos para quienes adopten buenas prácticas ambientales.

La estructura tarifaria para las viviendas incluye un componente fijo y otro variable. La cuota fija, que garantiza la cobertura de los costos básicos del servicio, se ha establecido en 165 euros anuales (equivalente a unos 188 euros en moneda europea), independientemente del número de personas en la vivienda.

La parte variable dependerá del número de empadronados: para viviendas con 0 o 1 persona, la tarifa será de 11,02 euros; para 2 personas, 28,70 euros; para 3, 39,75 euros; y para 4 o más, 48,65 euros.

Por ejemplo, un hogar con una sola persona pagará aproximadamente 176 euros anuales, mientras que uno con cuatro personas abonará cerca de 213 euros.

En el caso de los usos no residenciales, las tarifas se calcularán en función del tipo de actividad y la superficie del establecimiento, dividiéndose en 12 categorías específicas.

Cada categoría tendrá coeficientes que reflejen la naturaleza y la generación de residuos, permitiendo una distribución más justa de los costes según la capacidad contaminante de cada actividad económica.

El equipo de Gobierno también ha destacado que la ordenanza incorpora bonificaciones sociales para las familias en situación de vulnerabilidad, como aquellas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Social Básica, que podrán acceder a una reducción del 90% en la cuota.

Además, se aplicarán descuentos en el término variable para quienes participen en programas medioambientales promovidos por el Ayuntamiento, como la gestión de residuos mediante gestores autorizados, medidas contra el desperdicio alimentario, o la utilización de contenedores de separación.

Desde marzo hasta abril de 2026, el Ayuntamiento enviará notificaciones personalizadas a cada contribuyente, detallando el importe que deberán abonar, que se podrá pagar en un solo pago anual o en tres cuotas trimestrales.

La gestión administrativa de la tasa incluirá un período de exposición pública, tras la aprobación inicial en el Pleno, para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones.

La alcaldesa ha asegurado que, aunque la tasa entrará en vigor en 2026, en 2025 se realizará una campaña informativa para explicar su funcionamiento.

El Ayuntamiento habilitará canales específicos para resolver dudas, tramitar bonificaciones y facilitar toda la información necesaria a vecinos y empresarios, con el objetivo de garantizar una transición transparente y equitativa hacia este nuevo modelo de financiación de los residuos en Santander, que busca promover la economía circular y reducir el impacto ambiental.

Este cambio en la gestión de residuos no solo representa una modernización del sistema, sino que también se inserta en un contexto histórico en el que las ciudades españolas han enfrentado desafíos similares para garantizar un servicio eficiente y sostenible.

Desde la firma del Plan Nacional de Residuos en 1998, que estableció los primeros objetivos de reducción y reciclaje, hasta las recientes normativas europeas que impulsan una economía circular, los municipios han ido adaptando sus políticas para cumplir con las exigencias legales y medioambientales.

La implementación de tarifas progresivas y bonificaciones sociales en Santander refleja una tendencia nacional e internacional hacia modelos más justos y responsables en la gestión de residuos urbanos, un paso importante para avanzar hacia ciudades más sostenibles y comprometidas con el cuidado del medio ambiente.