El Ayuntamiento de Santander continúa consolidándose como una de las administraciones con menor presión fiscal en España, una estrategia que ha sido reconocida en el informe anual sobre fiscalidad local elaborado por el Consejo General de Economistas de España.

Según este estudio, la ciudad cántabra ocupa el séptimo puesto en el ranking de las urbes con menor carga impositiva en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido comúnmente como plusvalía.

Este impuesto grava el incremento del valor de los terrenos urbanos en el momento de su transmisión y representa una fuente importante de ingresos para muchos municipios, pero también ha sido objeto de debate por su impacto en los contribuyentes.

La buena noticia para Santander es que ha sabido mantener una política fiscal que favorece a sus residentes, aplicando tipos impositivos que están por debajo de la media nacional.

En concreto, el Ayuntamiento de Santander aplica un tipo impositivo del 21% en este impuesto, lo cual es considerablemente inferior al promedio de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, que se sitúa en torno al 27,4%, según datos del Ministerio de Hacienda. Esta diferencia refleja el compromiso del consistorio por ofrecer una fiscalidad moderada y responsable, en línea con su objetivo de aliviar la carga tributaria sobre las familias y promover el desarrollo económico.

Desde hace más de una década, Santander ha mantenido esta política de contención fiscal, sin recurrir a aumentos encubiertos ni decisiones coyunturales que puedan afectar negativamente a los contribuyentes.

El concejal de Economía, Javier García Ruiz, ha destacado que estos datos no son una mera opinión, sino una constatación técnica basada en comparativas homogéneas entre distintas ciudades del país.

García Ruiz también ha recordado que en materia de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Santander mantiene el tipo mínimo legal del 0,4%, posicionándose también entre las capitales con menor peso fiscal en este concepto.

La limitación legal impide reducirlo aún más, por lo que el Ayuntamiento ha optado por mantenerlo en ese nivel, priorizando la estabilidad y la previsibilidad en la recaudación.

El responsable municipal ha resaltado que la política fiscal del Ayuntamiento tiene como prioridad “aliviar la carga tributaria sobre las familias, impulsar la actividad económica y garantizar unos servicios públicos de calidad sin necesidad de aumentar los impuestos”.

En línea con ello, para el año 2025, el Ayuntamiento prevé un presupuesto que incluye 12,5 millones de euros en bonificaciones y exenciones fiscales, dirigidas especialmente a desempleados, rentas bajas, familias numerosas y personas con discapacidad.

Estas medidas incluyen beneficios en el propio impuesto de plusvalía, así como en el IBI, el impuesto de vehículos y otras tasas municipales.

Históricamente, Santander ha sido una ciudad con una economía diversificada y un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal. Desde principios del siglo XXI, ha evitado incrementos impositivos que puedan perjudicar a sus residentes, apostando por una gestión equilibrada de sus recursos y por políticas que fomenten la inversión y el bienestar social.

En conclusión, la estrategia fiscal de Santander ha sido reconocida como uno de los marcos más equilibrados entre las capitales españolas, permitiendo mantener una economía saludable y una calidad de vida elevada para sus vecinos.

La política de tipos impositivos bajos y las bonificaciones sociales son un ejemplo de cómo una administración local puede priorizar el bienestar de sus ciudadanos sin comprometer sus finanzas públicas.