En un avance notable en la lucha contra la violencia, México ha logrado disminuir en un 25% los homicidios durante los primeros siete meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este resultado, que equivale a 21 homicidios menos por día, refleja un compromiso decidido del Gobierno Federal y las autoridades estatales para mejorar la seguridad en todo el país.

Desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, la tasa de homicidios diarios pasó de 86.9 a 65.3, marcando el nivel más bajo registrado desde 2016. Este descenso es especialmente relevante en un contexto donde, en años anteriores, la violencia había alcanzado niveles alarmantes, con picos en ciertos estados como Guanajuato, Baja California, y el Estado de México.

La estrategia implementada, conocida como la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS), ha puesto énfasis en la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, además de fortalecer la inteligencia, la investigación y el trabajo policial en todo el territorio.

Uno de los principales logros ha sido la reducción en estados considerados focos rojos. En Guanajuato, por ejemplo, los operativos conjuntos y las detenciones de generadores de violencia lograron reducir en un 48.9% el promedio diario de homicidios entre febrero y abril de 2025, lo que significa seis homicidios menos al día, bajando de un promedio de 12.7 a 6.5 por día. Esto se atribuye en gran parte a los esfuerzos coordinados y a las acciones de las fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional, las fuerzas armadas, y las policías locales.

En otras entidades, también se observaron avances importantes. Baja California redujo en un 45.8% sus homicidios, pasando de una media de tres a poco más de 1.6 por día, mientras que en el Estado de México la disminución fue del 30.7%, equivalente a dos homicidios menos diarios. Chihuahua también experimentó una reducción del 26.5%, lo que se traduce en poco más de dos homicidios menos al día.

El combate a los delitos de alto impacto, como el narcotráfico y el tráfico de armas, también ha mostrado resultados positivos. Desde octubre de 2024 hasta abril de 2025, las autoridades lograron detener a más de 20 mil personas relacionadas con delitos graves, aseguraron 154 toneladas de droga y más de 10 mil armas de fuego.

En diferentes operaciones, se destruyeron 896 laboratorios clandestinos y se incautaron sustancias químicas y precursoras que alimentan la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

El operativo Frontera Norte, en particular, ha sido crucial en el control del flujo ilegal de armas y drogas desde Estados Unidos. Entre febrero y mayo de 2025, se detuvieron a más de 3 mil personas, y se aseguraron más de 2,6 mil armas, en su mayoría provenientes del vecino país.

Además, se incautaron más de 416 mil cartuchos y 13 mil cargadores, junto con más de 30 toneladas de diferentes drogas, incluyendo 163 kilos de fentanilo y más de un millón de pastillas de esta sustancia.

En el ámbito judicial y de justicia, sin embargo, persisten algunos desafíos. Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, se registraron más de 190 decisiones judiciales que favorecieron liberaciones o traslados de presuntos delincuentes, lo que ha generado preocupación.

Aunque la próxima elección de un Tribunal de Disciplina Judicial busca reforzar la responsabilidad de los jueces y juezas, las autoridades reconocen que todavía hay trabajo por hacer para garantizar que la justicia funcione de manera efectiva y que los delincuentes no vuelvan a las calles sin consecuencias.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó los avances en programas de paz y prevención social, con más de un millón de atenciones y la entrega de armas de fuego en distintos estados.

La iniciativa de desarme, que ha incluido la entrega voluntaria de armas, ha logrado que en siete estados se hayan entregado aproximadamente 1,550 armas, contribuyendo a un ambiente más seguro.

En resumen, los esfuerzos coordinados y la implementación de políticas de seguridad han comenzado a dar frutos, reduciendo significativamente los niveles de violencia en México.

Sin embargo, las autoridades insisten en que la continuidad y la consolidación de estas acciones son fundamentales para mantener y ampliar estos logros en el futuro.

La población y las instituciones deben seguir trabajando juntas para construir un país más seguro para todos sus habitantes.