La estrategia nacional de seguridad implementada en México ha logrado disminuir en un 32.9% los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2025, reflejando avances en la paz social del país.
En el período comprendido entre septiembre de 2024 y abril de 2025, México ha registrado una notable disminución en la incidencia de homicidios dolosos, alcanzando una reducción del 32.9% en comparación con el mismo lapso del año anterior. Según datos preliminares del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en septiembre de 2024 se reportaba un promedio diario de aproximadamente 86,9 víctimas, cifra que se redujo a unos 58,3 en abril de 2025.
Esta tendencia a la baja refleja los resultados de la estrategia integral de seguridad que el gobierno federal ha puesto en marcha en los últimos años.
Desde que inició la actual administración en 2018, se ha observado un cambio en las tendencias delictivas, con un descenso en los homicidios dolosos tras años de incremento durante los sexenios anteriores.
Por ejemplo, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los homicidios experimentaron picos históricos, situándose en niveles que en algunos momentos superaron las 80 víctimas diarias en algunas regiones.
La actual política, basada en cuatro ejes fundamentales, ha permitido revertir esas tendencias.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, destacó que uno de los pilares principales de la estrategia ha sido la atención a las causas sociales, que incluyen programas en educación, acceso a vivienda y derechos humanos.
Además, la Guardia Nacional ha sido fortalecida a través de capacitaciones y una mayor presencia en las zonas más conflictivas del país, logrando la detención de miles de personas involucradas en delitos de alto impacto.
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, las fuerzas del orden lograron detener a aproximadamente 18,700 individuos acusados de delitos graves, además de asegurar más de 9,600 armas de fuego y 144 toneladas de drogas, incluyendo cerca de una tonelada y media de metanfetaminas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo.
También se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos en 17 estados, en un esfuerzo conjunto para desarticular las redes criminales.
En el ámbito fronterizo, la Operación Frontera Norte ha permitido la captura de más de 2,500 personas y el decomiso de cerca de 365,000 cartuchos de diversos calibres, 11,000 cargadores y más de 27 toneladas de droga.
Asimismo, los trabajos en ciberseguridad han resultado en la baja de 200 cuentas en redes sociales utilizadas para reclutamiento y difusión de actividades ilícitas.
En el aspecto social, se han realizado más de mil quinientas jornadas de paz en distintas comunidades, con la participación activa de las comunidades locales.
En estas acciones, se han brindado más de un millón de atenciones y se han recuperado espacios públicos en municipios de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Guerrero, Tabasco y Chiapas, entre otros.
También, mediante programas como SÍ al Desarme, SÍ a la Paz, se han canjeado más de mil trescientos armas de fuego, incluyendo armas largas y cortas, además de granadas.
En una iniciativa complementaria, se han intercambiado más de 3,300 juguetes bélicos por juguetes educativos, promoviendo ambientes más seguros para los niños.
Estas acciones reflejan un compromiso del gobierno mexicano por garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos. La disminución en los homicidios y los avances en la desarticulación de grupos delictivos muestran que las políticas públicas implementadas están dando frutos, aunque las autoridades señalan que aún hay retos por delante para consolidar estos logros y extenderlos a todo el territorio nacional.
El análisis histórico muestra que, durante las administraciones anteriores, los niveles de violencia alcanzaron picos alarmantes, especialmente en estados como Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Baja California, donde se concentra más del 50% de las víctimas.
La estrategia actual busca no solo reducir los números, sino también atacar las raíces del problema, promoviendo una mayor coordinación entre las instituciones federales y estatales.
En definitiva, los datos preliminares indican que las políticas de seguridad están comenzando a traducirse en una realidad más pacífica para millones de mexicanos, consolidando un camino hacia la recuperación de la tranquilidad social en el país.