El gobierno mexicano ha expresado su rotundo rechazo a la propuesta de aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta medida no solo es discriminatoria, sino que también viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, firmado en 1994, y que ha establecido un marco de trato fiscal no discriminatorio entre ambos países durante más de tres décadas.

Desde su anuncio, la medida ha generado preocupación entre las comunidades mexicanas en el extranjero y los expertos en materia fiscal internacional.

La propuesta, impulsada por algunos congresistas republicanos en la Cámara de Representantes de EE. UU., busca gravar las remesas enviadas por migrantes mexicanos, un flujo económico que en 2024 alcanzó aproximadamente 60 mil millones de dólares, unos 55 mil millones de euros.

Estas remesas representan una parte significativa del ingreso de muchas familias en México y son fundamentales para el desarrollo económico de varias regiones.

La presidenta Sheinbaum destacó que imponer un impuesto del 5% a estas transferencias es una práctica discriminatoria que afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.

La medida reduciría la cantidad de recursos que los migrantes mexicanos envían a sus familias, impactando en su bienestar y en el consumo de bienes y servicios en México.

Según datos del Banco de México, las remesas representan aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y su reducción tendría implicaciones económicas importantes.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que para 2024, las remesas recibieron un total de 64,7 mil millones de dólares, equivalentes a unos 59,6 mil millones de euros.

La gran mayoría de estas transferencias, cerca del 99.1%, se realizan mediante transferencias electrónicas, mecanismos que están regulados y que garantizan transparencia y legalidad. Además, los mexicanos en EE. UU. ya pagan impuestos sobre sus ingresos, los cuales oscilan entre el 10% y el 37%, según el Internal Revenue Service (IRS). Esto significa que ya contribuyen al sistema fiscal estadounidense y que la imposición adicional sobre sus remesas sería un doble pago, contraviniendo el acuerdo bilateral.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, señaló que el gobierno mexicano garantizará la mejor defensa en los ámbitos político y legal contra esta iniciativa.

En ese sentido, enviaron una carta al Congreso de EE. UU. firmada por el embajador de México, Esteban Moctezuma, y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco. En el documento, se argumenta que la imposición de tarifas a las remesas es contraria a los compromisos internacionales y puede ser impugnada ante instancias legales.

Asimismo, Velasco advirtió que esta medida podría afectar no solo a migrantes indocumentados, sino también a cualquier persona en EE. UU. que utilice estos servicios, promoviendo una práctica discriminatoria. La propuesta de gravar las remesas también podría violar las disposiciones del convenio de 1994, que busca evitar la doble tributación y la evasión fiscal, y que ha sido la base de la cooperación fiscal entre ambos países por más de 30 años.

Por su parte, la comunidad mexicana en EE. UU. ha iniciado campañas para enviar cartas a congresistas, exponiendo que esta medida perjudicaría a las familias y que viola los principios de igualdad y no discriminación.

La preocupación central es que, en un contexto en el que la migración mexicana en Estados Unidos continúa siendo una de las más grandes del mundo, cualquier medida que limite o afecte sus ingresos puede tener consecuencias sociales y económicas graves.

En conclusión, el gobierno mexicano continuará defendiendo los derechos de sus ciudadanos en el extranjero y buscará que esta propuesta no prospere.

La relación entre México y EE. UU. ha sido fundamental para garantizar la protección de los migrantes y la cooperación en temas fiscales y económicos, y esta medida representa un retroceso en esos avances.

La comunidad internacional observa con atención cómo se resolverá este conflicto, que pone a prueba la cooperación bilateral y los principios de justicia fiscal.