En un paso importante para fortalecer el sector educativo en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó dos decretos que tienen como objetivo principal mejorar las condiciones laborales de las maestras y maestros a nivel nacional.

Estas acciones responden a compromisos adquiridos por el Ejecutivo Federal el pasado 15 de mayo, y buscan garantizar una jubilación justa y promover una mayor movilidad en el sistema de educación básica.

Uno de los decretos más relevantes es el que facilita la movilidad de los docentes, permitiendo que puedan solicitar cambios para desempeñarse en escuelas cercanas a sus hogares.

Este mecanismo forma parte del esquema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que desde hace años ha enfrentado críticas por las restricciones para mover a los docentes entre instituciones.

La firma de este decreto pretende hacer el proceso más transparente, ya que las asignaciones se realizarán en eventos públicos, nivel por nivel, considerando únicamente la antigüedad y sin otras restricciones que limitaban la movilidad.

Supuestamente, este cambio beneficiará a miles de docentes que, durante años, han enfrentado dificultades para trasladarse, afectando su calidad de vida y equilibrio familiar.

La implementación de este mecanismo comenzará en el próximo proceso de asignación, previsto para el 25 de junio, y se espera que la medida sea un paso efectivo para mejorar la distribución del magisterio en todo el país.

Por otro lado, el segundo decreto establece un nuevo esquema para acceder a una pensión jubilatoria digna y justa, reduciendo la edad mínima para jubilarse.

Actualmente, la ley del ISSSTE de 2007 establecía que las jubilaciones se otorgaban a los 28 años de servicio para las mujeres y 30 para los hombres, con una edad mínima que aumentaba cada dos años.

Para 2028, la edad de jubilación sería de 58 años para las mujeres y 60 para los hombres. Sin embargo, la nueva normativa, presuntamente, permitirá que en 2034 las maestras puedan jubilarse a los 53 años, y los maestros a los 55, tras una inversión estimada en aproximadamente 650 millones de euros (36 mil millones de pesos mexicanos).

Este cambio busca no solo mejorar las condiciones de retiro del magisterio, sino también reconocer la ardua labor de los docentes, muchos de los cuales han dedicado décadas de su vida a la formación de las futuras generaciones.

La inversión necesaria para este ajuste en la edad de jubilación es significativa, pero supuestamente refleja la voluntad del gobierno de priorizar la estabilidad laboral y el bienestar de los trabajadores del sector educativo.

Desde la Secretaría de Educación Pública, el titular Mario Delgado Carrillo explicó que se realizarán asambleas presenciales en las escuelas para tomar en cuenta las opiniones y propuestas de los docentes respecto a la desaparición del esquema USICAMM y otros cambios en la promoción y movilidad.

Además, señaló que estos decretos forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema educativo y asegurar condiciones dignas para los maestros.

Supuestamente, estas medidas también consideran la realidad económica del país, ya que el costo total de la implementación de la reducción en la edad de jubilación representa un gasto adicional de aproximadamente 80 mil millones de pesos (unos 650 millones de euros), recursos que, según el gobierno, serán destinados a garantizar la sustentabilidad del sistema de pensiones y a mejorar las condiciones laborales en el sector.

En resumen, estos decretos marcan un avance en la política educativa mexicana, con un enfoque en la justicia social y el bienestar de los docentes. La firma de estas normativas se inscribe en un contexto de reformas continuas que buscan modernizar y humanizar el sistema educativo, y que, presuntamente, contarán con la participación activa del magisterio en su proceso de implementación y seguimiento.

La expectativa es que estas acciones contribuyan a fortalecer la labor docente y a mejorar la calidad de la educación en todo el país.