El pasado 1 de junio de 2025, México vivió un momento histórico en su proceso democrático al realizar la elección del nuevo Poder Judicial, un evento que contó con la participación de aproximadamente 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, una cifra sin precedentes en la historia del país.

Esta participación masiva representa un avance significativo en la consolidación de la democracia mexicana, ya que por primera vez en su historia, la población tuvo la oportunidad de decidir directamente quiénes ocuparían cargos clave en el sistema judicial, incluyendo ministros, magistrados y jueces.

Este proceso fue resultado de una serie de reformas constitucionales impulsadas en los últimos años, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la legitimidad del Poder Judicial.

Hasta ahora, la selección de los integrantes de este poder había estado marcada por mecanismos cerrados y, en muchos casos, cuestionados por su falta de transparencia y denuncias de nepotismo.

La reforma actual buscó cambiar esa realidad, permitiendo que el pueblo mexicano tuviera voz y voto en la conformación de su justicia.

El proceso de elección fue totalmente transparente y participativo. Las candidatas y candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes aseguraron la idoneidad y la experiencia de los aspirantes.

Además, las campañas electorales fueron austeras, enfocadas en el debate de propuestas y en la exposición de sus trayectorias profesionales. La votación fue libre y secreta, permitiendo que millones de mexicanas y mexicanos ejercieran su derecho sin presiones ni coacciones.

Este evento marca un hito en la historia moderna de México. La participación de 13 millones de personas equivale aproximadamente al 10% de la población total del país, y refleja una creciente cultura de participación y compromiso cívico en la ciudadanía.

Expertos en democracia consideran que esta movilización masiva posiciona a México como uno de los países más democráticos del mundo, pues demuestra la confianza en los procesos institucionales y en las instituciones mismas.

Por otro lado, este proceso también evidenció desafíos importantes en la estructura del sistema judicial. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó en sus redes sociales que el actual Poder Judicial ha sido responsable de decisiones polémicas, como favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberar miles de millones de pesos en casos de delincuencia de cuello blanco.

Además, señaló que la mitad de los integrantes del poder judicial llegaron a sus cargos por nepotismo, en lugar de por méritos propios, lo que ponía en duda la legitimidad y la independencia del sistema.

La reforma busca, entre otros objetivos, erradicar estas prácticas y promover un sistema más justo, transparente e independiente. La elección popular de los jueces y magistrados es vista como un paso decisivo para lograrlo, ya que ahora el pueblo tiene la autoridad de decidir quiénes deben administrar justicia en su nombre.

La participación masiva y el proceso transparente son un claro reflejo de un país que apuesta por la democracia participativa y la rendición de cuentas.

En el contexto histórico, esta iniciativa se enmarca en una serie de esfuerzos en América Latina por fortalecer la democracia y reformar los poderes judiciales, en países como Colombia, Argentina y Chile, donde también se han implementado mecanismos de participación ciudadana en la selección de sus jueces.

La tendencia apunta a que, en el futuro, las democracias modernas integren aún más a la ciudadanía en los procesos de decisión y control de sus instituciones.

Este proceso electoral, que tuvo un costo aproximado de 150 millones de euros, demuestra que invertir en instituciones democráticas es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas.

La participación masiva y la transparencia en la elección del Poder Judicial en México auguran un cambio profundo en la forma en que se administra justicia y en la confianza que la población tiene en sus instituciones.

Sin duda, este evento marcará un precedente importante en la historia democrática del país y en su camino hacia un Estado de Derecho más sólido y legítimo.